Los idus de Obama

En el último mes, el Gobierno de Estados Unidos decidió aceptar públicamente un viejo reclamo mexicano: en el combate contra el narcotráfico, la responsabilidad es compartida. El domingo, en una entrevista con la cadena de televisión CBS, el presidente Barack Obama dijo que había que reconocerlo: el consumo de drogas en su país, el lavado de dinero y el contrabando de armas hacia México, son un problema también de ellos. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones en que habrá un cambio de política, pues tienen demasiadas ataduras legales, culturales y económicas, para que la responsabilidad no se comparta.

El discurso estadounidense oculta la realidad nacional. Los portales de los departamentos de Seguridad Territorial y de Justicia llevan un par de semanas presumiendo los avances en decomisos de armas y drogas, como parte del esfuerzo que está haciendo la nueva administración en Washington. Este miércoles, la secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, y el procurador Eric Holder, discutirán con sus pares mexicanos en Cuernavaca las mejores formas de atacar la epidemia que es factor determinante en el alto grado de violencia empleado por los cárteles de la droga en México. Será un ejercicio útil en el corto plazo, aunque totalmente cosmético en el largo aliento.

Veamos las armas, por ejemplo. En el último Reporte sobre Estrategias Internacionales de Narcóticos, dado a conocer por el Gobierno estadounidense, se admite que las armas utilizadas en 95% de los asesinatos en México en la lucha contra las drogas, fueron compradas en tiendas de esa nación. Prometen los funcionarios de ese país que reforzarán los sistemas de vigilancia y de persecución de quienes delincan, lo que no deja de ser mera retórica. Por ley, los estadounidenses están protegidos para comprar armas, para poseerlas e, inclusive, para utilizarlas. No importa si son individuos o milicias, la Segunda Enmienda de la Carta de Derechos, los respalda.

La Segunda Enmienda, que protege el derecho de poseer armas, está inspirada en la ley inglesa (Common Law), que menciona el Estatuto de Winchester —nombre asociado hoy en día a las armas— signado en 1285, en donde cada distrito y todos sus ciudadanos eran responsables por los crímenes no resueltos, lo que sentó las bases de un sistema de obligatoriedad social. El estatuto fue utilizado por los revolucionarios en las guerras coloniales y coadyuvó en la construcción de la cultura estadounidense. Hoy no hay político con aspiraciones que se enfrente a la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los grupos de interés más poderosos en el país, inmensamente influyente en el Capitolio, que defiende el derecho a estar armado. Si el presidente Obama no plantea una reforma a la Segunda Enmienda, no está realmente hablando con la profundidad que el tema merece —desde el punto de vista mexicano— y poco se va a poder avanzar en la materia.

El otro ejemplo es el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro reconoce que desde 2003, organizaciones estadounidenses vinculadas con el tráfico de drogas han enviado más de 22 mil millones de dólares a México. La administración Obama, admitiendo otro viejo reclamo, admitió que ese dinero le permite a los cárteles de la droga adquirir mejor armamento para enfrentarse de manera más violenta entre ellos y frente al Gobierno mexicano. Pero al mismo tiempo, su sistema de procuración de justicia permite que aquellas instituciones atrapadas en una ilegalidad, o presunto delito, puedan evitar un juicio que pudiera dañar al sistema financiero nacional mediante el pago de multas.
En 2006, el Bank Atlantic pagó 10 millones de dólares al Gobierno cuando le descubrieron que ganancias del narco se lavaban en una de sus sucursales; en 2007, el American Express International Bank en Miami pagó 65 millones de dólares para evitar el juicio porque no había reportado que por su sistema pasaron 55 millones de dólares del narcotráfico colombiano; en 2007, el First National Bank de California, que lavó dinero de cárteles a través de una casa de cambio mexicana, pagó 21.6 millones de dólares de multas; en 2008, Sigue Corp. desembolsó 15 millones para evitar un juicio por un presunto manejo de fondos de 24.7 millones de dólares; y ese mismo año, 11 millones de dólares en las cuentas de valores del Harris Bank de Chicago, depositadas en 23 sucursales del Wachovia Bank, fueron congeladas en espera de una investigación por presunto lavado de dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense es insultante, y Obama tampoco detalló de lo que harán en su sistema financiero para remediar el mal.

Entonces, ¿de qué se trata? Napolitano y Holder enfatizarán en los esfuerzos a lo largo de la frontera y la aplicación de nuevas tecnologías en los puntos de entrada. Ayuda, cierto, pero no resuelve el problema de fondo. Está visto que a mejor tecnología de los gobiernos, mejor tecnología de los cárteles. Si no se cortan los brazos del lavado de dinero, recursos de sobra tendrán para comprar cualquier tipo de arma y corromper a mexicanos y estadounidenses para mantener su capacidad de fuego. No nos dejemos engañar una vez más. Si la administración Obama no paraliza el corazón del narco, nunca dejará de latir, aunque le mutilen todas las extremidades.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx