Los Juanelos de México

“Estamos cansados, muy dolidos. Cada muchacho que se está muriendo ya se está volviendo el hijo de cada uno de los seres de esta nación”, dijo el viernes el escritor y poeta Javier Sicilia. El sábado le dedicó su último poema a su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado junto con otras seis personas el fin de semana pasado en Temixco, Morelos: “El mundo ya no es digno de la palabra, nos la ahogaron adentro… Por el silencio de los justos, sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo”.

El Gobierno insiste en que la inmensa mayoría, 89% de los más de 36 mil muertos que lleva contabilizados por la violencia de estos años, han sido “homicidios dolosos cometidos presumiblemente para amedrentar a sus rivales”. Es decir, malos, gente que no nos debe importar. Esa diferencia entre buenos y malos que ha impuesto el Gobierno busca limitar el impacto que esas cifras podrían y deberían provocar en todos nosotros. En la lógica del Gobierno, si los que están muriendo son asesinos, narcotraficantes, secuestradores y drogadictos no hay una verdadera pérdida para la comunidad. La magnitud de la tragedia se relativiza al quitarle, o pretender quitarle, peso a los muertos, peso a nuestra pérdida. Este discurso ha sido exitoso y es compartido por una parte significativa de la población.

Javier Sicilia, en medio de su tragedia personal, sin embargo, pone el dedo en la llaga cuando incluye a todos en la hecatombe: “Están destruyendo a lo mejor de nuestra gente, de nuestros muchachos, por un lado los que tienen posibilidades (…) y que son gente de bien y por otro lado un montón de muchachos que no tienen oportunidades y que están siendo carne de reclutamiento de los cárteles”. Es cierto, es una generación entera tocada por la violencia. Todos los muertos tienen familia y eran parte de nuestra comunidad; incluso aquellos que tomaron el camino equivocado han dejado una herida abierta en sus familias y enterrada la posibilidad de haber sido otra cosa.

Pero hay otra razón para refutar la forma en que el Gobierno presenta la cifra de muertos, y es que en verdad no puede saber cuántos eran criminales. La prueba la aporta este caso. El crimen cumplía con todos los criterios para encasillarlo de entrada como un caso más de fallecidos por presunta rivalidad delincuencial, como los llama el Gobierno. Murieron con extrema violencia, fueron encontrados encajuelados y con un narcomensaje. Listo entonces para archivarlo junto a muchos otros casos que nadie se toma la molestia de investigar. Problema: resultó que estos muchachos venían de una clase social y cultural que sí tiene la fuerza suficiente para que su voz sea escuchada y casi de inmediato la posibilidad de que fueran delincuentes quedó descartada. No hubo manera de sembrar la duda ni de presentar a sus defensores como sospechosos. Y qué bueno, porque en este caso no es un privilegio para ellos ni para sus familias que sus casos sí se vayan a investigar y que los culpables paguen, es una posibilidad para todos de que se debilite a los criminales y esa errónea y cómoda forma de proceder de la autoridad.

Imposible saber cuántos otros de esos “ejecutados” eran del todo ajenos al crimen. Las voces de sus familias no se oyeron. Desconocemos la historia de cada uno de esos 36 mil muertos: quiénes eran, a qué se dedicaban, si eran delincuentes, cómo ocurrieron los hechos.

Una cosa es segura, estamos ante una tragedia mayor de nuestra historia porque, como bien dijo Javier Sicilia, lo que se está desgarrando no es sólo el corazón de muchos, es el tejido social que nos une.