Lo que le falta al acuerdo

El pasado jueves se firmó un acuerdo entre medios de comunicación para establecer criterios de autorregulación en la forma de comunicar los hechos violentos. La aparente buena intención también incluye la duda del origen de la iniciativa. O de las empresas o del gobierno. Si fue una maniobra gubernamental sería un nocivo ataque a la libertad  y si es auténtico, resulta insuficiente.

Sin duda, México merece una mejor forma de comunicar los hechos violentos, pero en esa mejora necesaria deben participar también las autoridades que parecen dejar de lado criterios legales y éticos elementales.

El acuerdo pretende proponer criterios editoriales comunes para evitar la propagación del terror. Impedir que los medios se conviertan en instrumentos de propaganda del crimen organizado. Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas. Establecer mecanismos para la protección de los periodistas. Vale la pena preguntarse si estos son también, como debieran ser, objetivos de las autoridades, porque es claro que las autoridades violan la identidad de las víctimas, generan ilegalidad al presumir culpabilidad y difundir triunfos con trofeos humanos. Pero lo más importante está en los criterios editoriales:

El primero tomar postura en contra de la violencia producida por el crimen. A lo que hay que agregar que también debiera pronunciarse contra la violencia ilegal producida por la autoridad.

El segundo es evitar convertirse en vocero de la delincuencia organizada. Evitando que los delincuentes se conviertan en modelos. Aquí cabe preguntarse quién provocó las entrevistas a los delincuentes como la Barbie, y produjo los montajes en el caso Cassez. Son los comunicados los que explican los alias y reproducen términos como “fue levantado”.

El tercero es dimensionar adecuadamente la información, y entonces recuerda uno los comunicados de la Secretaría de Seguridad Pública y los anuncios de televisión que exaltan los “logros”. Los medios no hacen solos esa labor.

El cuarto es atribuir responsabilidades explícitamente. Lo que es realmente inusitado porque los medios deben consignar hechos sin asignar responsabilidades, dada la competencia de las autoridades judiciales. Y precisamente a eso se refiere el punto quinto que establece no prejuzgar culpables. Llama al recuerdo las caras de los detenidos que son presentados a los medios como responsables y no como personas sujetas a investigación que serán juzgadas por jueces y magistrados. Son presuntos culpables por las fallas en el sistema y la visión del gobierno y no por la difusión de la información.

Los puntos seis y siete se refieren al cuidado de las víctimas y a los menores de edad como a alentar la participación y la denuncia ciudadana. Y el octavo a la protección a periodistas, puntos en los que la autoridad debe poner la muestra.

Finalmente los puntos nueve y 10 se refieren a solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios y a no interferir en el combate a la delincuencia.

En resumen el acuerdo tiene puntos valiosos que deben ser asumidos por la autorregulación propia de cada medio, más que por acuerdos que parecen inducidos. Pero lo más importante es que la mejora en la comunicación de los hechos violentos debe incluir a las autoridades que son los que anuncian la guerra, promueven escenas de despliegues militares y violan derechos al presentar presuntos delincuentes como culpables para fines publicitarios. Eso es fomentar la violencia violando la legalidad. Falta un acuerdo que obligue a las autoridades.