Llaman a no cerrar caso Iguala; la ONU indagará

CIUDAD DE MÉXICO (29/ENE/2015).- “El caso Iguala es un expediente que sigue abierto; falta todavía lo que digan los jueces”, afirmó ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman compareció ante la Cámara de Diputados y lamentó que la Procuraduría General de la República ( PGR) concluyera el martes el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. “Las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”.

El martes, el procurador Jesús Murillo Karam confirmó por primera vez que a los estudiantes los privaron de su libertad, asesinaron, incineraron y posteriormente arrojaron sus cenizas en el Río San Juan, en Cocula.

Incluso la Presidencia publicó en su página de internet un “Reporte final” sobre el caso.

González Pérez aclaró que la CNDH revisa el actuar de la PGR a fin de poder determinar posibles violaciones a derechos humanos. “En nuestro caso, no sacrificarán calidad por precipitación”.

El martes por la noche, los familiares de los desaparecidos también rechazaron que el caso esté cerrado, y enlistaron al Gobierno federal los 10 puntos (ver el punteo más abajo) para seguir investigándolo.

Se suman a la exigencia

Otras organizaciones también se sumaron a la exigencia para que la PGR no cierre el caso Iguala.

Para el director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “es difícil confiar” en la palabra del procurador “por múltiples razones”.

En tanto que Amnistía Internacional lamentó que la teoría sobre el destino de los 43 estudiantes se base sobre todo en las declaraciones de personas imputadas.

Decepcionados por las autoridades mexicanas, el sábado viajará a Ginebra una comisión de los padres de los estudiantes para denunciar al Gobierno mexicano ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

Ayer dicho Comité adelantó que investigarán al Estado mexicano por primera vez en una reunión que se efectuará en Ginebra, Suiza, del 2 al 13 de febrero.

“México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del Comité”, recordó el organismo de la ONU.    

POR CIERTO

Motivos para no dar “carpetazo”

• Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. Agregan que expertos argentinos así lo han manifestado.

• Porque la declaración de Felipe Rodríguez, “El Cepillo”, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula. Él mismo no declaró haber permanecido en el basurero.

• Porque la información dada a conocer por la PGR depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues en México la tortura es recurrente.

• Porque la PGR no aclara el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.

• Porque a cuatro meses de los hechos no han capturado a quienes, según su hipótesis, serían responsables. En especial al ex jefe de la Policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez y a Gildardo Astudillo, alias el “Cabo Gil”, uno de los máximos responsables.

• Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que ésta es la figura jurídica adecuada para lo ocurrido en Iguala.

• Porque hay declaraciones de otros sicarios de Guerreros Unidos que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.

• Porque sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos (Alexander Mora). Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde pudo haber ocurrido.

• Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército.

• Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula.