Lideresa de Atenco pide asilo político

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUN/2010).- La activista mexicana América del Valle, lideresa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sobre quien hay una orden de arresto por los hechos de violencia que se registraron en el municipio de San Salvador Atenco en mayo de 2006, solicitó ayer asilo político en la embajada de Venezuela en la capital del país.

En rueda de prensa telefónica, Del Valle explicó que tomó la decisión de solicitar asilo con la esperanza de que se resuelva su caso y el de otras 12 personas.

“He tomado esta decisión que no ha sido nada fácil, pero lo hago con la firmeza y esperanza para que los ministros de la Suprema Corte concedan la liberación de mis compañeros, pues además de ella depende mi liberación”.

La activista, sobre quien pesa una orden de captura emitida por un juez mexicano el 5 de mayo de 2006, afirmó que cuatro años después de los hechos de violencia está cansada “de la persecución incesante y feroz de parte de las autoridades, que injustamente” le ha cambiado la vida.

Por su parte, el hermano de la prófuga de la justicia, César del Valle, comentó que aunque su hermana logre el asilo del Gobierno venezolano ellos lucharán para acabar con la persecución y para que se cancele la orden de aprehensión en contra de ella.

“América se encuentra bien de salud y con el firme deseo de que se resuelva la injusticia y liberen a todos los presos por el Caso Atenco”.

Perfilan liberación

En la Suprema Corte se trabaja en una serie de proyectos de sentencia dirigidos a ordenar la liberación de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que fueron detenidos y sentenciados de 31 hasta 112 años de prisión, por considerar que sus procesos penales estuvieron plagados de irregularidades.

La intención es que los proyectos estén listos antes de que termine el periodo de sesiones, que finaliza el 15 de julio, para que los ministros encargados de la Primera Sala, donde se ventilan los asuntos penales, esté en condiciones de resolverlos y de ordenar su inmediata liberación.

Los cinco ministros de la Primera Sala atrajeron, en los meses de febrero y marzo pasado, los juicios de amparo que promovieron en contra de las sentencias que les dictaron los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México, en primera y segunda instancia, por considerar que sus casos eran de importancia y trascendencia nacional.

Entre los ministros existe la convicción de que los pobladores de Atenco enfrentaron procesos similares a los de los indígenas que fueron sentenciados injustamente por la matanza de Acteal, en Chiapas, y al de las indígenas queretanas, Alberta Alcántara y Teresa González, contra quienes la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una serie de irregularidades, como el uso de testigos a modo y la identificación de los pobladores a través de listas elaboradas previamente.

Sólo que en el caso de los habitantes de Atenco, las irregularidades fueron cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y avaladas por el Poder Judicial estatal.

Lo que los pobladores de Atenco han denunciado a lo largo de cuatro años, es que fueron detenidos de manera arbitraria, sin una orden de aprehensión y posteriormente fueron incomunicados o interrogados sin la presencia de sus abogados.

Los 12 que permanecen presos enfrentan diversos cargos; sin embargo, tienen como común denominador el que se les acusó del delito de “secuestro equiparado”, lo que permitió que por este delito se condenara a 67 años de prisión a algunos de los líderes, como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa.

La Procuraduría mexiquense los culpó de secuestro equiparado y la justicia local avaló estas acusaciones por considerar que los integrantes del frente privaron de su libertad a funcionarios públicos del Gobierno del Estado, a fin de obligar al gobernador Enrique Peña Nieto a que liberara a uno de sus miembros y reanudaran las mesas de diálogo.

Telón de fondo

Conflicto social
 
El 3 de mayo de 2006 un conflicto social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco derivó en una amplia y contundente intervención policial en la segunda localidad, ubicada en el Estado de México.

La acción policial desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y la comisión de abusos sexuales contra “al menos 26 mujeres”, según organizaciones civiles.

Las autoridades detuvieron a los líderes de ese movimiento, entre estos al padre de América, Ignacio del Valle, quien fue condenado a 112 años de cárcel por el delito de secuestro agravado.

La aparición de la hija del principal dirigente del movimiento en San Salvador Atenco coincidió con el comienzo de una discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar un amparo que busca la liberación de una docena de campesinos y vendedores detenidos en mayo de 2006.