De los 11 ministros que integran el máximo tribunal, únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarará responsables de la violencia registrada en Atenco "por la omisión de vigilar" lo que hicieron las fuerzas públicas.Durante el tercer día de análisis en torno a este caso, aunque por diversos motivos, 10 de los 11 integrantes de la Corte llegaron a la conclusión de que a dichos funcionarios no sólo no se les pueden atribuir las violaciones registrados, sino que, por el contrario, se les debe reconocer su actuación al haber autorizado el uso legítimo de la fuerza pública para desalojar la carretera bloqueada, liberar a los policías detenidos y restablecer el orden público.De los 10 ministros en cuestión, 7 se dijeron convencidos de que las violaciones y , así como por algunos de los mandos medios que tenían la obligación de supervisar los operativos en marcha.Dos más José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza se manifestaron en el sentido de no fijarle responsabilidades a ningún funcionario, por sólo dar a conocer una lista de los más de dos mil elementos de la policía y altos mandos federales y locales que participaron en los hechos.Y, de manera solitaria, el ministro Sergio Aguirre se mantuvo en su postura de considerar que no existieron violaciones graves, por lo que no aludió a responsabilidades de funcionarios en los hechos.De tal suerte que, aunque con diferencias en los argumentos, al final todas estas posturas tendrán por efecto no responsabilizar de ninguna violación al gobernador Enrique Peña Nieto y al actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien fuera secretario de Seguridad Pública federal al momento de los hechos.En esencia, en opinión de los ministros Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela Güitrón, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Franco González Salas, Olga Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quienes dieron la orden de usar la fuerza pública no se les puede responsabilizar de los abusos en que incurrieron los policías y quienes tenían, en la operación, el deber de supervisarlos.De entre ellos sólo el ministro José Ramón Cossío ubicó al almirante Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Pública Estatal en el momento de los hechos, como el funcionario de más alto rango al que podría responsabilizarse de los hechos.Pero la votación en torno a la fijación de las responsabilidades atribuibles a alguna autoridad se programó para la sesión de mañana.
