Libertad de expresión atacada

Mientras en lo que va del año grupos delictivos han amenazado a por lo menos cuatro periodistas jaliscienses, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, advirtieron la semana pasada que “el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos” (léase 29 periodistas asesinados y cinco desaparecidos tan sólo desde 2008).

En su visita oficial a México del 9 al 24 de agosto, la primera de manera conjunta a un país de la región, ambos relatores no sólo mencionaron los asesinatos, secuestros, lesiones y hostigamientos contra los periodistas. Preocupa también, añadieron, la vigencia de la legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de entidades federativas (léase complicidad de los diputados federales y locales).

Asimismo, las relatorías consideraron que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión (léase la Ley Televisa, el duopolio televisivo y las familias que monopolizan las radiodifusoras); por la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias (léase la ganga a Televisa y Nextel, con el aval de la criticada Comisión Federal de Telecomunicaciones); por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación (léase el hostigamiento y marginación de los medios comunitarios), y por la falta de regulación de la publicidad oficial (léase el despilfarro, la discriminación a los medios críticos y la falta de transparencia de los gobiernos federal, estatales y municipales en materia de comunicación social).

También, las relatorías observaron con preocupación una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública (léase funcionarios de los gobiernos calderonista, estatales y congresos locales que buscan acotar al IFAI y otros institutos pro transparencia y rendición de cuentas).

Algún insensible y despistado podría pensar ¿y a mí qué, todo eso? Pues bien, la violencia del crimen organizado no sólo atenta contra periodistas, también contra los ¿a mí qué?