Libertad de Expresión en México

La libertad de expresión es un derecho. No se pide permiso para usarla. Se ejerce. Pero ejercerla en México implica numerosos riesgos y obstáculos. Para quien desee conocer uno de los más completos estudios sobre tales peligros y vallas, recomiendo lea el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2010. De las poco más de 300 páginas que dedica a revisar qué ocurrió el año pasado en cada uno de los 28 países miembros, aborda el caso de México en ¡más de 100!

Es tal la gravedad de lo que ocurrió el año pasado —y que sigue ocurriendo— en materia de libertad de expresión, que la Relatoría le brida únicamente a México un “Informe Especial”. Se trata de un documento completo y profundo, donde precisa las fuentes del “amplio espectro” que proporcionó información. Si algún lector quiere conocerlo a fondo ingrese a: http://www.cidh.oas.org(annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf.

Luego de que este martes 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, conviene echarle un ojo a la investigación de la Relatoría, que fue presentada el pasado 15 de abril como parte del Informe Anual 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría, enmarcada en las funciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce avances en materia de libertad de expresión. Sin embargo, advierte y luego muestra numerosos ejemplos de que el pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta “graves y diversos obstáculos”, entre los cuales destacan los asesinatos de periodistas y otros “gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, y la impunidad generalizada en estos casos”.

Preocupa también a la Relatoría, indica, la vigencia de legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión tanto a nivel federal como en un número importante de entidades federativas. Asimismo, considera que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran “seriamente limitados”, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión; por la ausencia de un marco jurídico claro, certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación, y por la falta de regulación de la publicidad oficial.

Finalmente, observa con preocupación “una emergente tendencia a restringir el derecho de acceso a la información pública”. Ése es el estado de nuestra muy deteriorada libertad de expresión.