Ley del talión: ¿se harán güeyes?

Tiene razón Mauricio Fernández —el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León—, cuando dice a los tres órdenes de Gobierno “no nos hagamos güeyes” ante el crimen organizado y el narcotráfico.

También le asiste la razón cuando dice que alcaldes y gobernadores de todo el país se amparan en que los delitos derivados de las actividades mafiosas son “federales” y que por ello no actúan. Está en lo cierto cuando asegura que si municipios y estados contaran con sistemas de inteligencia, los capos no habrían llegado a donde están. Y dice la verdad cuando asegura que el esfuerzo por combatir al narco es de todos, no sólo del Gobierno federal. Bien por el alcalde del municipio más rico y con mejor calidad de vida del país.

El problema —verdadera minucia— aparece cuando Mauricio Fernández se coloca en el mismo flanco de los criminales organizados y narcotraficantes —el flanco de la ilegalidad—, cuando llama a utilizar los mismos métodos y cuando advierte que actuará al margen de la ley y —en el absurdo total— a nombre del Estado o de una de sus células básicas, como el municipio.

Es decir, el alcalde Fernández promete enfrentar a criminales organizados y narcotraficantes no a partir de la ley y la justicia, sino del vengativo “ojo por ojo”, y con idénticos métodos —ilegales y de terror— que los sicarios. ¿Qué tal con “el valiente”?

Para los que no lo saben, Fernández tomó posesión como alcalde de San Pedro Garza García el pasado sábado. Ahí anunció que actuaría al margen de la ley en la lucha contra el narcotráfico. Dijo tener información privilegiada de que en la Ciudad de México había sido asesinado el capo conocido como El Negro Saldaña, jefe de la plaza de Garza García y quien habría puesto precio a la cabeza del hoy alcalde. Pero, además, Fernández deslizó en no pocas ocasiones que preparaba grupos emparentados con los “escuadrones de la muerte” para combatir el narco. Y resulta que se enteró del crimen de El Negro Saldaña antes que la PGR. ¿Casualidad?

Será el sereno, pero quienes “no se pueden hacer güeyes” son las autoridades federales y estatales, el partido político del señor alcalde, el Congreso local y el de la Unión, ya que por muy valiente que parezca el señor Fernández, por duro que se presente ante los flagelos criminales, no es tolerable que desde las instituciones del Estado le apueste a la ingobernabilidad.

Más allá de que pueda convocar simpatías —igual que los promotores de la pena de muerte—, la propuesta de Mauricio Fernández es una absoluta irresponsabilidad. Es de locos. Basta de locuaces.