Ley ''antilavado'' en México incumple norma internacional

CIUDAD DE MÉXICO (25/JUL/2012).- México tiene un rezago en los controles y castigos para prevenir y combatir el “lavado” de dinero dentro del sistema financiero.

De acuerdo con el Artículo 400-BIS del Código Penal Federal, las sanciones para quien realice operaciones con recursos de procedencia ilícita van de cinco a 15 años de prisión, así como una multa de mil a cinco mil días de salario mínimo, es decir de 60 mil a 300 mil pesos.

Las penas económicas son menores a las que se aplican en otras naciones. Por ejemplo, en Brasil la multa va desde 100 mil hasta 10 millones de dólares, así como cárcel de tres a 10 años. En Estados Unidos las sanciones llegan hasta 20 años de prisión, así como multas de un máximo de 500 mil dólares.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó, hace unos años, que si bien hay progresos en el desarrollo de los sistemas para combatir el “lavado” de dinero en México, “las leyes que penalizan este delito no responden plenamente a las normas internacionales”.

Arturo Argente, director del departamento de derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, consideró que respecto a naciones desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unidos, Alemania o incluso, Colombia, en el sistema bancario nacional hay grandes vulnerabilidades. “En principio, se deben otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que pueda interponer denuncias por delitos financieros, entre los que se incluye el “lavado” de dinero.

En el caso HSBC, dijo, la CNBV sabía que habían operaciones sospechosas, pero no podía denunciarlas de manera directa.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, reveló que uno de los problemas de la dependencia es su imposibilidad de revelar los procesos de sanciones contra el delito de blanqueo, “hasta que no queden en firme”. Insistió en que se requiere modificar el marco legal, a fin de tener mecanismos más transparentes.

Las sanciones para quienes realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita en país son de entre cinco y 15 años, cinco menos que en Estados Unidos