La violencia alcanza a jueces

CIUDAD DE MÉXICO (60/NOV/2012).- En la última década los jueces federales han necesitado de mayor seguridad porque la que tenían ya no era suficiente, tanto que algunos de ellos se transportan ahora en vehículos blindados, tienen seguridad de la Policía Federal o han tenido que ser escoltados por personal del Ejército Mexicano, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Juan Silva Meza.

El ministro reconoció que la violencia asociada al crimen organizado también alcanzó a los jueces, que a diario enfrentan amenazas en el desempeño de su trabajo.

“En varias zonas del país se han tenido que proporcionar vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal a los juzgadores, e incluso recurrir al apoyo del Ejército”.

Sin precisar el lugar, contó el caso de un juez que tuvo que emitir una resolución escoltado por militares, ya que un día antes había sido “levantado”. “El juzgador decidió emitir su fallo, que era un auto de término constitucional, e inmediatamente después fue cambiado de adscripción”.

Silva Meza reconoce que incluso cuenta con un mapa que identificada las zonas de riesgo para el trabajo jurisdiccional, y que en función de esos mapas se han tomado decisiones para fortalecer la seguridad de los juzgadores.

“Tenemos jueces muy, muy valientes, tenemos muchos casos donde han enfrentado situaciones muy difíciles y las siguen enfrentando (…) sí hay amenazas, aunque no es muy frecuente que pasen al cumplimiento”.

El presidente del máximo tribunal reconoció que algunos juzgadores se apartan de los principios de independencia y autonomía judicial, y que en estos casos la Judicatura tiene en curso investigaciones internas a integrantes del Poder Judicial de la Federación “no necesariamente relacionadas con el crimen organizado, sino con patrones de comportamiento en el tema disciplinario”.

Silva Meza reconoció, sin embargo, la existencia de casos que en el caso del juez del llamado “michoacanazo”, quien fue recientemente destituido de su cargo, recordó que a la Judicatura le corresponde únicamente el aspecto disciplinario, luego de verificar la veracidad y la suficiencia probatoria de las acusaciones que se presentan en contra de los juzgadores.

La persecución de los delitos, agregó, le corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), y recordó que en este caso existen dos averiguaciones previas abiertas por la probable  comisión de delitos.

Con información de EL UNIVERSAL /NTX