La única opción es militar

Al leer cómo la Policía brasileña ejecutó esta semana un operativo en la favela más grande de Río de Janeiro, Rocinha, pensé cómo la estrategia de seguridad pública del Presidente Felipe Calderón estaba cayendo en el peor de los dos mundos: claramente hay la necesidad de continuar con una posición frontal y agresiva en contra del crimen organizado, pero rápidamente está perdiendo apoyo de la población.

¿Que está pasando en Brasil? Algo similar a lo que sucede en México y Colombia, donde grupos del crimen organizado están controlando partes de ciudades importantes. En el caso de Rocinha viven hasta 100 mil habitantes. Y aunque el Gobierno brasileño explicó que ésta era una operación puntual para capturar a 30 personas, la acción sirvió para comenzar a preparar el terreno para una futura ocupación policial de esta barriada. Según los medios de comunicación, en este operativo participaron cerca de “200 agentes de la Policía Civil apoyados por helicópteros y blindados”. La información inicial es que sí se detuvieron a 11 de 30 personas contra las que habían sido dictadas órdenes de arresto, además de incautar tres toneladas de marihuana y 42 vehículos que eran usados por los sicarios del barrio. Esta operación es parte de una estrategia general del Gobierno de ese país para tomar el control de las favelas. En noviembre del año pasado las Fuerzas Armadas y la Policía, apoyados por soldados y helicópteros, ocuparon 15 favelas. Este operativo hizo titulares alrededor del mundo ante las imágenes de lo que parecía ser una guerra urbana en una de las ciudades más importantes de Brasil. El mismo alcalde de Río de Janeiro pidió la presencia de militares hasta que pudiese la ciudad entrenar y capacitar más policías.

En el caso de Colombia, sucedió algo muy similar. En México se ha comentado mucho del modelo Medellín, en donde, gracias al liderazgo político y social se implementó una serie de programas sociales que permitieron la recuperación de las “comunas” en esa ciudad, transformando a Medellín, que era hace una década una de la ciudades más peligrosas del planeta. Pero en esta historia de éxito poco se ha resaltado el hecho de que el Gobierno colombiano, al igual que el brasileño, implementó operativos militares. El más famoso fue la operación Orión, donde entró el Ejército colombiano y retomó varias de las comunas.

Y aunque seguramente al Gobierno brasileño, al igual que al Gobierno colombiano, se les cuestionarán estos operativos militares como violatorios de la Constitución y de los derechos humanos, al final del día ambos gobiernos tuvieron un apoyo fundamental de la población para usar este tipo de remedios excepcionales ante grupos altamente violentos.

En México más y más se critica la participación de las Fuerzas Armadas en su estrategia para controlar grupos criminales que están aterrorizando a la población. Y esta crítica surge aun cuando, en realidad, no se han visto en México operativos de los tipos que se llevaron a cabo en Medellín y Río de Janeiro, en donde literalmente entraron la Policía y el Ejército, haciendo uso de helicópteros y blindados, y en una forma rápida y certera retomaron estos barrios de los criminales. En el caso de Río de Janeiro, pareciera que continuarán estos operativos militares hasta que exista un control, aunque mínimo, de estos barrios.
Para este país urge tener control sobre estos espacios antes de las Olimpiadas y el Mundial de Futbol.

En este operativo reciente en Río, el Gobierno aseguró que fue una operación estratégica en que no hubo la necesidad de enfrentamientos en contra de la población y se ejecutaron las órdenes de captura sin mucha violencia, gracias a operaciones encubiertas que duraron más de seis meses.

En México, este tipo de operaciones parecen no tener el apoyo popular y el Gobierno se resiste a ejecutarlos con la contundencia militar que se requiere. Desafortunadamente, ante la violencia de los grupos de crimen organizado en México se requiere de reacciones militares excepcionales.

Desafortunadamente programas sociales o legalización de las drogas, o el arresto de uno que otro capo, no van resolver el problema de ciudades como Juárez o Reynosa, donde el crimen organizado claramente ejerce control territorial. El cuestionamiento a la estrategia de Calderón ya no le permitirá al Presidente ordenar una estrategia de estado de sitio con una respuesta militar que requieren algunas ciudades del país. Será el nuevo presidente, quien quiera que sea, el que tendrá que operar esta estrategia militar.  Desafortunadamente no habrá otra opción que ésta.