La reforma fiscal que impulsa el PRI contempla varias etapas

CIUDAD DE MÉXICO (21/FEB/2011).- La propuesta de reforma hacendaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado busca captar más recursos para una serie de “cambios estructurales clave”, que van desde la depuración y capacitación de las policías, hasta mejorar el Seguro Popular y quitarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) la carga tributaria para hacerla más funcional.

En un documento de la bancada encabezada por Manlio Fabio Beltrones, de la cual tiene una copia la agencia informativa El Universal, se revela que la propuesta se haría en etapas y entraría en vigor a partir de 2013.

La canasta de productos exentos de IVA incluiría, además de medicinas y alimentos: exportaciones y equipo para agricultura y ganadería, libros, periódicos y revistas, oro, joyería y orfebrería y lingotes no enajenados al menudeo.

El PRI plantea esta transformación en etapas y en más de un sexenio. Primero, para 2011-2013 propone “reordenar los impuestos federales, para sentar las bases de la simplificación, incrementar el número de contribuyentes y combatir la informalidad, la evasión y la elusión fiscales”.

En una segunda etapa, prevé reestructurar la seguridad social y reformar las finanzas locales.

La reforma fiscal propone reducir tasas, aumentar la base gravable, incorporar contribuyentes y “conseguir un saldo positivo para el monto recaudado global”. En materia de IVA, se confirma la reducción de la tasa general de 16% a 12%, además de revisar la aplicación de la tasa cero y eliminar la tasa de 11% para las fronteras. Proponen agregar una tasa de 3% a la tasa general, con carácter de devolutivo y propósitos de control.

La devolución al contribuyente sería automática mediante un comprobante digital, obligatorio para quien traslade el gravamen.

Sobre el Código Fiscal, el proyecto de los priistas apuesta a “una justicia fiscal simple, accesible y expedita”. También incorpora la obligación para las autoridades fiscales de pagar intereses desde el momento en que el contribuyente solicite la devolución, cuando ésta sea negada en forma indebida.

CLAVES
Modificaciones

1 En materia del régimen fiscal de Pemex, la iniciativa del PRI propone eliminar de la deducción límite, de 6.5 dólares por barril, las inversiones en exploración, recuperación secundaria y mejorada y en mantenimiento no capitalizable, lo que se traduciría en una reducción de la carga fiscal del orden de los 50 mil millones de pesos.

2 Para las personas con actividades empresariales, el texto confirma reducir el impuesto sobre la renta (ISR), de 30% a 25%. Además desaparecería el impuesto empresarial a tasa única (IETU), pero incorporando algunos de sus elementos al ISR.

Destaca propuesta priista
Francisco Rojas pide imparcialidad a Función Pública

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Rojas, coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe dejar de ser “juez y parte” al imponer sanciones administrativas a los servidores públicos.

En un comunicado, Rojas dijo que los priistas buscan contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad e imparcialidad del servidor público, a través del conjunto de reformas a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que propuso en días pasados la bancada de tricolor.

“Esta propuesta ofrece una respuesta que equilibra los intereses de todas las administraciones públicas y las garantías de la imparcialidad del servidor público, porque contempla un verdadero esquema de rendición de cuentas y la obligación de los servidores públicos de informar sus decisiones.

“Por esta razón, los priistas proponemos que los procedimientos disciplinarios a través de los cuales se apliquen sanciones administrativas a los servidores públicos, pasen de un autocontrol administrativo a un control jurisdiccional y para ello se determinó que fuese el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el encargado de impartir justicia, con lo que se garantiza a los servidores públicos, que en sus conflictos y controversias, tendrán en las instituciones de justicia el marco adecuado para su justa resolución”.

El legislador consideró que bajo este nuevo esquema, se garantizará el equilibrio entre el bien jurídicamente protegido por el Estado de prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de las obligaciones de los propios servidores públicos que obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública y la tutela de sus derechos.