La ocasión hace al Maciel

Los primeros argumentos de los defensores de Marcial Maciel, cuando comenzaron a salir en cascada los escándalos de Mon Père, fueron que había que separar al hombre pecador (nunca se atrevieron a decir violador o delincuente) de su obra.

El primero de mayo, el Papa Benedicto XVI decidió que también había que investigar la obra, y nombró un delegado para regir los destinos de la orden religiosa, y esta semana, en otra vuelta de tuerca, intervino también la asociación laica de los Legionarios, el Regnum Christi.

Hay dos grandes temas que preocupan al Vaticano del ala laica de los Legionarios: la cuasi esclavización de las mujeres consagradas y el ‘‘lavado’’ de dinero.

Uno de los grandes huecos de la legislación sobre Asociaciones Religiosas (AR) es la falta de fiscalización. Tras el reconocimiento de las iglesias con la reforma a la Constitución vino el jaloneo por la reglamentación y control de las AR.

Por razones históricas y temores, que se puede discutir si son válidos o no pero que a fin de cuentas están instaurados en la memoria colectiva de este país, el Estado decidió mantener restricciones a los ministros de culto y a las AR, como el no tener derecho a ser votados, o negarles la participación en medios electrónicos.

Y aunque la mayoría de los mexicanos estaremos de acuerdo es estas prohibiciones, ambas son claramente discriminatorias.

A cambio de ello, el Estado cedió ante las iglesias en temas fundamentales y que hacen que hoy las AR vivan un estado de excepción: son verdaderos paraísos fiscales y tienen un fuero tácito (no tanto como el de los diputados, que han convertido el fuero en licencia para delinquir).

Lo que sucedía en los Legionarios de Cristo puede estar sucediendo, en menor o mayor medida, en cientos de Asociaciones Religiosas en todo el país.

Las normas internas de las iglesias es asunto de ellos, como las de los Boy Scouts o el club de búfalos de Pedro Picapiedra, pero el Estado no puede permitir la comisión de delitos.

Una cosa es que las AR no paguen impuestos, en tanto demuestren que su actividad es sin fines de lucro, como lo hace cualquier Asociación Civil, y otra muy distinta es que no declaren.

Una cosa es que las congregaciones religiosas vivan como quieran vivir, y otra es que, bajo el manto del respeto a las iglesias, se permita la explotación o abuso de mujeres y niños.

El 80% o más de los delitos que cometió el padre Maciel (que según las palabras del Vaticano vivió sin escrúpulos y sin el más mínimo sentimiento religioso) los cometió en nuestro país.

La posibilidad de que existan otros macieles católicos o de otros credos religiosos es altísima, porque hemos dejado una enorme hueco legal.

Fiscalizar los ingresos de las AR y proteger a los niños de abusos y a las mujeres del esclavismo pío no atenta contra el derecho de creencia.

Mantener a las AR en estado de excepción por miedo a enfrentar nuestros fantasmas históricos es el caldo de cultivo ideal para nuevos macieles, más abuso y “lavado” de dinero. La ocasión hace al ladrón, y al Maciel.