La necesidad de evaluar los planes nacionales de desarrollo

En México no hemos logrado consensuar un proyecto nacional en el cual, todos los sectores, clases y espectros sociales estemos involucrados; lo cual ha propiciado que una vez aprobada la Norma Rectora o Constitución, se conspire contra el statu quo, de manera especial, por los grupos “perdedores” o quienes consideran que su proyecto no fue tomado en cuenta, lo cual refleja que se deben consensuar las Normas Rectoras y el gran proyecto nacional, reflejado en las plataformas electorales y luego, en las acciones concretas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo anterior no ha sucedido y es más grave el hecho de que cuando existe un Gobierno, muchas fuerzas políticas, tanto de hecho como de derecho, no se suman a las acciones de Gobierno; pero dentro de estos “juegos”, también, el Gobierno entrante no siempre fija dentro de sus prioridades, objetivos o metas, establecidos en la plataforma electoral, oferta política o el resultado de las “supuestas” consultas populares y los diversos sectores de la sociedad a los cuales  están obligados a escuchar los gobiernos entrantes.

Así, la planeación no se da sobre un proyecto político común consensuado; ni participan todos los grupos políticos y espectros sociales, lo cual se agrava cuando no existe una identidad y sentimiento común entre el Gobierno, sectores políticos y sociales y gente en general.

De esta manera, el problema se agrava cuando no existen instrumentos objetivos, serios y científicos que nos permitan realizar una evaluación de las acciones de Gobierno en todos sus niveles, ya que se realizan comentarios políticos, según intereses de partidos, candidatos o específicos, situación que se agrava porque es dentro del contexto del cambio de los Gobiernos, entonces, la evaluación, lejos de ser un instrumento de evaluación, se convierte en una estrategia de denostar al Gobierno saliente. Así, la evaluación de los Planes Nacionales de Gobierno, debe ser un instrumento de la sociedad, científico y objetivo, que sea útil para los demás gobiernos, que deben continuar con dicho proceso de bienestar social a largo plazo.

El día 7 de diciembre de 1982, siendo presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, se envió una iniciativa al Congreso federal, para modificar los artículos 16, 25, 26, 27, fracciones XIX y XX; 28, 73, fracciones XXIX – D, XXIX – E y XXIX – F, en relación a la soberanía económica del país y el desarrollo social equilibrado.

De dichas reformas, quedó plasmado en nuestra Norma Rectora que el artículo 25 se refería a que el Estado mexicano, debe ser quien dirija la economía nacional y que el artículo 26, se referiría a la Planeación Nacional, como en la actualidad siguen siendo vigentes, con algunas reformas.

De igual forma, se expidió la Ley de Planeación y conforme a dichos instrumentos, se realizaron los Planes Nacionales de Desarrollo de 1983 – 1988; 1989 – 1994; 1995 – 2000; 2001 – 2006 y 2007 – 2012, mismos que no están interrelacionados, aunque la estructura, por ejemplo, de la Administración Pública Federal, es casi igual.

Otra cuestión relevante, lo es el hecho de analizar si el Plan Nacional de Desarrollo es una ley o un instrumento jurídico; por tanto, en caso de que sea incumplido, sí debieran existir formas de sancionar dichas irregularidades, lo cual no se ha trabajado.

Lo más delicado del asunto es que la administración pública que inicia la nueva gestión gubernamental, no hace referencias a los procesos de aplicación de los planes precedentes, lo cual es muy lamentable, ya que parece que no existió la anterior administración, cuestión que se da en todos los niveles de Gobierno.

En conclusión, la Planeación en México no existe, derivado de que no hemos logrado consensuar entre los mexicanos un proyecto político común de país a largo plazo, donde se establezcan, definan y protejan los grandes valores, principios e intereses del pueblo de México.

Los Planes Nacionales de Desarrollo deben ser la resultante de los acuerdos políticos para afrontar las diversas necesidades y la problemática que en su momento aqueje a México, con base en una definición de modelo político, económico y social, sobre lo cual, se deben establecer las políticas públicas específicas.

La Planeación democrática, debe ser un ejercicio republicano, desde la concepción de los planes, hasta su evaluación, para que, de manera científica, sean sometidos dichos instrumentos a un análisis serio y con la participación ciudadana.

Por tanto se propone, primero, realizar un pacto político en México, de manera incluyente; segundo, preservar los valores, principios e intereses del pueblo de México, de manera incluyente y tercero, proteger dichos valores a corto, mediano y largo plazo, mediante la planeación y su evaluación social.