La ley no puede esperar

Con el inicio del período vacacional de Semana Santa se genera una ilusión falsa: hay un lapso “de descanso” que abarca dos semanas, y durante este tiempo los temas impostergables entran en un impasse que se romperá apenas amanezca el lunes del “regreso” al trabajo.

Aunque el solo término “impostergable” debiera operar como bofetada que impida dar tregua a cuestiones urgentes, como la discusión seria y abierta de la estrategia nacional en el combate al narcotráfico, o la reforma política que acabe con la dañina partidocracia que frena la consolidación de la vida democrática en el país, los mexicanos tenemos, como decían nuestra abuelas, una “maña arraigada”: en tanto más grave el problema, más retrasamos las medidas (dolorosas) para solucionarlo.

Tenemos un ejemplo reciente. A unos días de que venza el plazo obligatorio y público para registrar los números de teléfonos celulares (10 de abril), se aprobó en la Cámara de Diputados una ampliación hasta el último día de septiembre. La broma brotó inmediata: ¡Ya nos preocuparemos del registro de celulares a partir del 25 de septiembre! Otra vez la costumbre nacional: todo al último momento y cuando ya no haya tiempo, pediremos otra oportunidad.

Aparentemente, la “buena voluntad” de los diputados federales no surtirá efecto, porque en la Cámara Alta, ésa donde sólo manda la voluntad de los senadores, no hubo eco y no aprobarán la ampliación. ¿Qué pasará entonces? Acontecerá que si el usuario de un número de telefonía celular no lo reportó en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Movil, bautizado también como Renaut, perderá su número a pesar de que tenga actualizado el pago de sus cuotas. Y no habrá manera de reclamar.

En otras palabras, quien no cumpla con la ley pagará las consecuencias, como sucede en los países que llamamos “de primer mundo”. Este principio de comportamiento es uno de los pilares básicos de la justicia... hasta que no se atraviesa la “tolerancia” de políticos que se oponen a la dureza de la ley.

Vale la pena recordar que la obligatoriedad del registro de los números de telefonía celular nace de una iniciativa del combate al crimen organizado. Los famosos fraudes telefónicos, que se operan mayoritariamente desde las cárceles, se deben a la falta de control legal sobre los aparatos celulares. Si se aprobó un endurecimiento legal para que una autoridad pueda registrar quién tiene cada número telefónico, es justo para que exista un control que nos permita a todos gozar de una garantía básica de protección: será identificado quien haga uso delictivo de este instrumento de comunicación.

Regresamos al principio de justicia: cuando las obligaciones son parejas y la ley se respeta, nadie está por encima de los demás.

No debe haber oportunidad para postergar lo impostergable.