La hipocresía de los fueros

El futuro del diputado Julio César Godoy Toscano no sólo pone en jaque la reputación del PRD y de la Cámara de Diputados en general, sino que hay mucho más en juego: en buena medida, la viabilidad de las elecciones de 2012 y la estabilidad del país en el siguiente sexenio.

Uno de los problemas fundamentales que han enfrentado los partidos y seguirán enfrentando, ante la violencia y la capacidad corruptora de los grupos de crimen organizado, es cómo asegurar la probidad de los candidatos en las elecciones locales y estatales.

En los últimos años los partidos han buscado mecanismos para investigar y asegurar que sus candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado, incluso recordarán que se llegó a sugerir que debería ser responsabilidad del Cisen el investigar a los candidatos.

Y aunque la Constitución asegura que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, la verdad es que las pruebas que se filtraron (en una forma ilegal) en contra de Godoy Toscano parecerían señalar que este diputado tiene una relación demasiado cercana con el líder de La Familia Michoacana, uno de los cárteles más violentos del planeta.

Julio César Godoy Toscano, quien fuera parte del conocido “michoacanazo”, aquel operativo de limpia que el Gobierno federal emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez, el líder del cártel La Familia Michoacana.

Un año y medio después, 34 de los 35 funcionarios michoacanos acusados de tener vínculos con el narcotráfico fueron liberados por un juez, por falta de pruebas.

El Diputado federal con fuero, Godoy Toscano, salió a defenderse y afirmó que las grabaciones ya fueron desestimadas por el juez como prueba en su contra.

Asumamos que las pruebas que hay contra Godoy no son suficientes para señalar que éste cometió una ilegalidad, ya que conversar y tener familiaridad con criminales, e incluso ser padrino de sus hijos, no necesariamente es un delito, pero algo tendrá de razón el dicho que reza “dime con quién andas y te diré quién eres”.

El problema es que la forma en que se resuelva el caso de este diputado, podría promover que organizaciones criminales busquen tener aún más presencia en el ya muy desprestigiado ámbito electoral.

Este diputado podría participar, suponemos que negativamente, en la formulación de legislación fundamental en la lucha en contra del crimen organizado, incluyendo legislación para combatir mejor el lavado, así como en la discusión del fuero militar.

Recordaba el caso colombiano en donde el capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue elegido Representante suplente para el Congreso de la República de Colombia en 1982.

A principios de los noventa se documentó el dinero y la presión que ejercieron las organizaciones criminales sobre la Asamblea Nacional Constituyente para eliminar la extradición de colombianos (esta reforma se revocó años después).

Hoy día en Colombia el escándalo de la parapolítica, nombre que se da a los vínculos políticos y económicos de congresistas, gobernadores y alcaldes con los jefes de los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos de civiles con fines de control político, ha llevado a la cárcel a 30 congresistas y provocó el procesamiento de otros 60 legisladores, en los últimos años.

Analizando la experiencia colombiana, el caso Godoy Toscano debería enviar un ejemplo a los partidos y futuros legisladores de que hay costos para estos políticos que lleguen al congreso gracias a sus vínculos afectivos o de negocio con los capos.

Ante la realidad de que los grupos del crimen organizado seguramente buscarán tener más presencia política en las siguientes elecciones, los partidos tendrán que ser mucho más selectivos en las opciones que evalúen para sus candidatos.

Mas allá de la incapacidad que ha demostrado la PGR de poder enjuiciar a estos criminales, ya sea que estén vinculados a la política o no, lo que hace tan vergonzoso el incidente Godoy Toscano es que se esté amparando bajo la figura del fuero que tienen los diputados.

Ya que se va a discutir el fuero militar, bajo el argumento de que se ha usado este fuero en una forma indebida para proteger a militares de actos atroces, ¿no sería éste el momento de abrir el debate del fuero de los diputados y senadores?

¿Con qué autoridad moral pueden los legisladores discutir y votar sobre legislación que busca cambiar el fuero militar, si no están dispuestos a debatir el abuso del fuero legislativo?