La hipocresía como táctica de guerra

Lo que sucedió en Michoacán recaló ayer en el Congreso de la Unión como el veneno cuando penetra por los poros. Y por lo que priistas y perredistas le han dicho al Gobierno federal, desde la tribuna, ha podido discernirse que la detención superlativa aquélla no es más que una guerra cruenta y desesperada la que ha desatado el régimen por la búsqueda del equilibrio del poder en su favor, el 5 de julio.

Más que un combate real contra el crimen organizado, habían coincidido en decir priistas y perredistas, lo que Felipe Calderón y su partido pretenden es reposicionarse electoralmente. Y han supuesto que en las alforjas de esa estrategia gubernamental podría haber más golpes del mismo calibre.
Un flamígero Juan Nicasio Guerra Ochoa, diputado federal perredista, dijo así desde la tribuna de Xicoténcatl: “Porque si tú vas y detienes presidentes municipales presentados, y no abres investigación y te haces de la vista gorda no investigando a los Bribiesca y con lo que dice el chino Zhenli Yi Gom, acusado en Estados Unidos de financiar las campañas del PAN, esto no es más que un combate hipócrita y demagógico”.

Y apostillaba: “El país requiere compromiso, no demagogia, no actitudes publicitarias, no actos armados donde ya estaban artistas (de televisa) firmando (gacetillas) que el nuevo mesías es Felipe Calderón, cuando no ha disminuido absolutamente ni un indicador, ni de consumo ni de trasiego. Es una estrategia para posicionarse políticamente, y juegan con la seguridad del país”.

El de la Comisión Permanente había sido, ayer, un ambiente electrizante. Esperaban priistas y perredistas en la tribuna a Michoacán con gran expectación. Pero el PAN intentó evadirlo. Desde temprano, en San Lázaro y Xicoténcatl, declaraciones en torno de la aprehensión inédita de presidentes municipales habían copado la atmósfera legislativa. Y ninguno se oponía al combate al narcotráfico —eso decían—; sólo que no estaban de acuerdo en el modo en que lo hicieron, porque México —decían priistas y perredistas— todavía es una República y se tiene que respetar el Federalismo. Tenían que haber avisado a Leonel Godoy, aunque fuera en el inicio mismo del operativo.

La asamblea de la Comisión Permanente iba para el último tercio. El PRI presentaba un Punto de Acuerdo en el que pedía al Pleno exhortara al Presidente Felipe Calderón a publicar con prontitud 39 decretos que, aprobados ya por las dos cámaras del Congreso y que el titular del Ejecutivo no ha querido todavía publicar en el Diario Oficial de la Federación, para que su proceso legislativo concluya y sean vigentes ya. Varias de esas leyes tienen que ver con el combate al crimen organizado, como la dedicada al narcomenudeo.

El senador Marco Antonio bernal, en nombre del PRI, había restregado al PAN en la tribuna: “No hay pretexto ni argumentos para decir que se ha dejado solo al Ejecutivo para salir adelante y fortalecer las políticas públicas, particularmente en los temas más sensibles como son los de seguridad y los relativos al desarrollo económico”. En la Gaceta Parlamentaria del Senado, venían publicados los nombres de las 39 cuya entrada en vigor Calderón ha detenido —presumíase en el pasillerío del Senado— porque éste pretendería publicarlas en la víspera de la elección, para que los panistas “cacaraqueen” el trabajo que el Congreso realizó desde diciembre, febrero, marzo y abril en su beneficio.

Y esto era parte del reclamo airado de priistas y perredistas al PAN y a Calderón. García Bernal siguió: “Desafortunadamente la enorme mayoría de los decretos aprobados por el Congreso y enviados al Ejecutivo no han sido todavía publicados, (cuando) mucho se exigió al Congreso, y en particular a los priistas, aprobar reformar en materia de seguridad, y hasta se hicieron campañas que pretendían hacer creer que nos negábamos a discutir esta materia, cuando es la fecha en que los decretos correspondientes no han sido publicados por el Ejecutivo federal”.

Por eso fue que Graco Ramírez (PRD) decía —cuando, dos asuntos después, discutía el Pleno en torno de Michoacán— que “ninguna fuerza política en este país y ningún Gobierno de ningún partido político se ha negado a compartir responsabilidades en el tema de la seguridad pública”.
Entrando, Graco se fue sobre la imagen de Germán Martínez Cázares en defensa de Leonel Godoy. “Y me parece injusto que quien encabeza una fuerza política, como Germán Martínez, de Acción Nacional, insista en un eje político equivocado que puede provocar y desatar una confrontación política sobre un tema que requiere la unidad y el concurso de todos los mexicanos”.

A Germán, Graco achacó la consigna de “quien no está en favor del PAN está con el crimen organizado”. Y advertía: “En esa lógica de bando polarizado han construido un discurso político muy peligroso que se les puede revertir en daño del país. Y a Germán entonces le decía que es un “provocador constante que cree que va a redituarle”, y lo encasillaba junto a Aznar (España) y a Uribe (Colombia).

Entonces decía al Pleno que bajo esa lógica se puede pensar que Felipe Calderón está en realidad apoyando al crimen organizado, porque no quiere refrendar publicando las leyes aprobadas por el Congreso en materia de combate al narcotráfico.

Algo así había dicho también un senador priista. Y también César Duarte Jáquez, quien del caso Michoacán hubo dicho: “Me parece que en este momento tan delicado que vive el país, la disyuntiva del Gobierno sea o ganar las elecciones o ganar el combate a la delincuencia. Y lo preocupante es si la disyuntiva (que ha elegido el Gobierno) es sólo ganar las elecciones; hay que preguntarse si el partido en el Gobierno hace la función de la Secretaría de Elecciones del Gobierno Federal”.

Por el PAN fueron el diputado Juan José Rodríguez Prats y el senador Ramón Galindo. Defendían a ultranza el accionar del Gobierno federal.