La carcajada de la impunidad

En los pasillos de la Cámara de Diputados prevalecía ayer el temor de que las 44 mamás que ya perdieron a sus bebés, por la tragedia de Hermosillo, vayan a agregar en los días por venir un clavo más a su terrible dolor, cuando supieran que las propietarias de la guardería (una tía de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y la esposa del encargado del despacho de Finanzas del Gobierno de Eduardo Bours) hayan sido metidas bajo el manto de la impunidad.

Había estupefacción, ayer en San Lázaro y en Xicoténcatl; acaso tanta como en el país todo, por las condiciones de la tan grosera vulnerabilidad con que la guardería accionaba.

Era evidente que los priistas apenas si asomaban la cara (el diputado Jesús Ramírez Stabros salía a lamentarse en nombre de toda su bancada, pero proclive era hacia la justificación del gobierno estatal, bajo la égida del PRI). Y los panistas, de plano, optaban por mejor no contestar los teléfonos móviles (aunque ya muy en el atardecer, la senadora Emma Larios Gaxiola abordaba el tema). Sólo los perredistas, reiterativos, se dedicaban desde temprano a apachurrar la llaga.

El senador Silvano Aureoles (PRD) decía: “Debe haber una investigación minuciosa y deslindar responsabilidades, trátese de quien se trate; así sea la tía o sobrina de Margarita Zavala, o así sea la esposa del secretario de Finanzas de Sonora; no importa; esas cosas no pueden quedar impunes”.

El diputado Juan Guerra (PRD), también: “Es obvio, a todas luces, que hay una enorme responsabilidad del Seguro Social, en primer lugar, por habilitar y estar pagando una guardería que no tenía ni patio ni condiciones ni nada; que era una trampa mortal”.
Y Jesús Ramírez Stabros, diputado priista, que salía a dar el pésame a los familiares. Y, de inmediato, dejaba aflorar la razón de su declaración: “Lo sucedido en Sonora”, justificaba, “es responsabilidad absoluta de la Dirección del Seguro Social”. Y resellaba su dicho, así: “No hay cabida para ninguna duda”.

Ramírez remachó: “La obstinación por subrogar los servicios del Seguro Social a particulares, a gente que sólo quiere hacer negocio con las instituciones sociales que creó el Estado mexicano, es lo que en gran parte está detrás de esta enorme tragedia”.
Era obvio que a priori procuraba contribuir con el deslinde que ya el Gobierno de Eduardo Bours ha estado trabajando desde la tragedia misma: “No hay más que la responsabilidad absoluta y contundente de las autoridades del Seguro Social y debe asumirla, de cara a la Nación; de cara a una de las tragedias más tristes; sin duda la peor que ha tenido el Seguro Social; una tragedia lamentable, histórica, que va a marcarnos por esta irresponsabilidad”.

La entrevista con los reporteros, sin embargo, fue llevándolo hacia la acera de enfrente. ¿Deben caer funcionarios tanto del nivel federal como del estatal?, una reportera le insistió.

“Sin duda”, respondió el priista. “Me parece que México espera eso. Los mexicanos esperamos que haya responsables. Sería lamentable que las responsabilidades no se señalen y que pueda seguir existiendo la impunidad”.

Y cuando se le preguntó sobre la responsabilidad del Gobierno del Estado en el área de protección civil y de las licencias de uso de suelo, Ramírez admitió: “En este caso se debe actuar con toda contundencia, y también en las cuestiones que tengan que ver con otras instancias, sin duda alguna”.

Emma Larios Gaxiola, senadora panista por Sonora, ya rumbo al anochecer declaraba a los reporteros que cubren la fuente del Senado: “Si se comprueba responsabilidad en funcionarios (sic) o en empleados (resic), se debe aplicar la justicia sin titubeos”.

Pero era evidente que este asunto de las responsabilidades no está únicamente en el terreno de los funcionarios y empleados, sino también —como ya por la mañana había dicho con gran contundencia el PRD— los propietarios, que resultaron ser familiares de un círculo demasiado cercano de quienes gobiernan en el Estado y en el Ejecutivo federal.

Este lunes, en los pasillos de San Lázaro y Xicoténcatl el tema se paseó inusualmente, en la voz de asesores parlamentarios, secretarias, gente de mantenimiento y personas que iban y venían. Y es que era una guardería sin patio, sin puerta de emergencia, sin ventanas; acondicionada en una bodega de techo combo y laminado, que a lo largo había sido partida a la mitad por un muro de tabla roca y techo medio de plafón de poliuretano, para compartir además la misma acera con una llantera y con una oficina atiborrada de papelería.

Ese par de señoras vaya que son influyentes para que su guardería, además, funcionara desde 2001 con todos los permisos otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a partir de ese año por mandato del entonces presidente Vicente Fox permitió que particulares comenzaran a hacer la chamba social a la que el Instituto debe su razón de existir.

Definitivamente, se escuchaba ayer con insistencia decir en Xicoténcatl, ese par de señoras no eran un par de personas comunes y corrientes. Y era por eso que ayer mismo los perredistas anunciaban que ya pedirán a la Comisión Permanente que comparezca ante el Congreso de la Unión el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rinda sus explicaciones. Más allá, sin embargo, de las declaraciones de unos y otros, en el pasillerío se había estacionado la niebla de la desconfianza, ante un país que no ha podido escapar desde hace mucho del cenagoso lago de la impunidad, del tráfico de influencias, del compadrazgo.

Lunes 8. Acapulco y sus tambores de guerra habían llegado desde temprano. En el atardecer seguía el recuento de cadáveres: un policía, por la mañana, se agregaba a la ejecución de dos por la madrugada. Aparte, los 15 aquéllos, más los dos militares caídos allí. El tema, al atardecer, estaba alistándose ya para la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.