La batalla por los migrantes

Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Miles de cubanos desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo.

Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la delincuencia organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.

Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos resolver las complejidades del problema.

Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la CEPAL había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de emigrantes hacia el Norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el Norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.

Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la CEPAL.

Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos que se han especializado en Trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el Presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que este instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priista y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al Sureste mexicano. Tras la crisis de derechos humanos de migrantes hay un asunto de seguridad nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la sociedad civil será determinante en este caso.