La Segob denuncia a empresas que operaban en el Royale

Informe de permisionarios y el caso del casino Royale

CIUDAD DE MÉXICO (22/SEP/2011).- La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó una denuncia de hechos ante la PGR por el presunto delito de juego ilegal contra cuatro empresas que operaban en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde el 25 agosto perdieron la vida 52 personas.  

En rueda de prensa, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, informó que la denuncia se interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) con el fin de que se deslinden responsabilidades y no haya impunidad en el caso.

El funcionario indicó que en ese lugar operaban, bajo permiso o con criterios administrativos, las empresas Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V; Entertainment Enterprises of Mexico S.A. de C.V.; Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta S. de R.L. de C.V. y Ferrocarril Endige S.A. de C.V. 

Además se iniciaron diligencias de procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de obligaciones de la primera empresa, con relación a la forma en que ha usado o explotado el permiso 4117 y sus modificaciones y, en su caso, determinar si ha incurrido en incumplimiento de obligaciones. 

Gutiérrez González dio a conocer que también se presentó una denuncia de hechos ante la PGR por la probable comisión de delitos de ex servidores públicos, al haber emitido criterios de excepción regulatoria en uso indebido de sus atribuciones. 

Se dio vista también al Organo de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Roberto Correa Méndez, ex director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Segob, y Manuel Ignacio Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno de Gobernación. 

Refirió que el 10 de marzo de 2005 Fierro Evans emitió un criterio en el que se determinó que el casino no requería permiso de la Segob para instalar y operar sus centros de entretenimiento en territorio nacional. 

Ello al considerar que 'las máquinas eran un juego de habilidad y destreza que no implicaba azar ni apuesta en ninguna de sus formas', detalló la Secretaría de Gobernación. 

Correa Méndez, a su vez, determinó el 10 de marzo de 2009 que el casino Royale "no era competencia de la Segob y, por tanto, no requería su permiso, pues se trataba de torneos de dominó, ajedrez, backgammon, Texas hold’em, póquer y blackjack realizados mediante una cuota de inscripción". 

Aclaró que la denuncia ante la PGR se basa en el Artículo 12 de la Ley General de Juegos y Sorteos, "ante las distintas modalidades y operación de diversas empresas que en algún momento dieron aviso o se ostentaron en San Jerónimo 205, colonia San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, bajo la marca Casino Royale". 

En el caso de Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, manifestó ser socia de Entertainment Enterprises of Mexico S.A. de C.V. "No lo acredita, solamente lo manifiesta", lo que demuestra que las empresas se relacionan entre sí, además del domicilio. 

El funcionario aclaró que el juego legal existe en México pero con permiso, lo que no significa que se pueda hacer cualquier actividad; de tal suerte que bajo ninguna modalidad está permitido el juego de naipes ni la ruleta, con excepción de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. 

Mencionó que las denuncias contra los ex funcionarios de Gobernación no se centran en tiempos, personas o titulares de la dependencia de modo alguno. 

Agregó que la Administración Pública se ejerce a través de Unidades Administrativas que tienen competencia; "yo no veo en éste a ningún ex secretario de Gobernación o ex subsecretario", comentó Juan Marcos Gutiérrez González. 

A pregunta expresa indicó que la denuncia pretende deslindar responsabilidades; "yo espero que no haya impunidad, no estamos en una situación sencilla, son actos complejos pero lo que sí tenemos que hacer, y de eso sí nos estamos asegurando, es que cesen las simulaciones jurídicas y tratar de reordenar esta industria". 

En relación a la situación de los casinos en México, el funcionario comentó que se han otorgado 27 permisos que amparan a 561 establecimientos, de los cuales 318 tienen aviso de apertura y 243 no cuentan con él. 

El titular de la Subsecretaría de Gobernación indicó que desde mayo pasado se intensificaron los trabajos sobre el proyecto del nuevo marco jurídico, con la meta de poner orden en la industria de juegos y casinos. 

Así, de septiembre de 2010 a junio de este año se habían realizado 73 inspecciones, que derivaron en tres clausuras y la imposición de las multas correspondientes; además fueron aseguradas 238 máquinas tragamonedas y puestas a disposición del Ministerio Público.