La SIP avala informe de la CIDH sobre violencia contra periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (10/MAR/2016).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre violencia contra periodistas y medios mexicanos, así como sus críticas respecto a las fallas del mecanismo de protección.

La CIDH señaló que en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento al registrar 107 asesinatos de periodistas en los últimos 15 años, sobre todo en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

Los presidentes de las comisiones de la SIP Contra la Impunidad y de Libertad de Prensa e Información, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de El Universal y Claudio Paolillo, director del semanario "Búsqueda" de Uruguay, respectivamente, avalaron el resultado del informe, las conclusiones y recomendaciones que la CIDH hace al Estado de México para superar "el clima de violencia e impunidad, temas prioritarios que nuestra institución viene trabajando desde hace más de dos décadas".

Las víctimas de la violencia fueron principalmente periodistas que denunciaron o informaron "sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados".

En un comunicado, la SIP destacó lo reportado por el informe sobre otras formas de agresión tales como desapariciones (20 según cifras de la C omisión Nacional de Derechos Humanos en la última década), amenazas, secuestros, agresiones y ataques físicos y cibernéticos contra instalaciones de medios.

La CIDH reconoció que el Estado adoptó reformas constitucionales y legislativas, así como medidas para garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

"El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México", concluyó el informe.