La SCJN decide juicio de fuero común a soldado

CIUDAD DE MÉXICO (11/SEP/2012).- Por 9 votos contra 2, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que la justicia ordinaria conozca del caso de un policía militar acusado de alterar la escena del crimen en el homicidio del médico Jorge Otilio Cantú, asesinado en 2011 por soldados en Nuevo León.

El pleno amparó a Carlos Fidel Flores Ábrego en contra del auto de formal prisión que le dictó un juez del fuero común, pero no para que sea liberado, sino para declarar la incompetencia del juez militar que asumió el caso y el expediente se envíe a un juzgado federal, que resuelva la situación del acusado.

Flores Ábrego, junto con otros dos militares, está acusado de delitos contra la administración de justicia, por haber "sembrado" un arma en el vehículo de Jorge Otilio Cantú para simular que él había disparado contra el convoy de soldados que le causó la muerte.

La Corte decidió estudiar este asunto pese a que en julio del año pasado un tribunal colegiado había resuelto que correspondía a la justicia militar, debido a que esa resolución se emitió antes de la decisión de la Corte de restringir el fuero militar y generar jurisprudencia a partir de casos concretos.

Los ministros Margarita Luna Ramos y Salvador Aguirre Anguiano votaron en contra del proyecto, por considerar que la resolución del tribunal era cosa juzgada y, por tanto, inmodificable, aunque la mayoría argumentó que podía hacerse en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla.

Como ha ocurrido en casos previos, al momento de establecer si la competencia correspondía al fuero común o federal, la mayoría se dividió, pues los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco sostuvieron que el caso debía turnarse a un juez del fuero común.

Por siete votos a tres, se decidió que el competente era un juez federal, pues el delito fue cometido por un soldado que, si bien se encontraba comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, dependía administrativa y disciplinariamente de la Cuarta Región Militar, según consta en el expediente.

La ministra Margarita Luna Ramos se abstuvo por considerar que existe una sentencia inatacable de un tribunal colegiado, que le da la competencia a un juez militar, y Aguirre, quien, obligado por la votación mayoritaria, se había pronunciado por remitir el caso a un juzgado federal, rectificó su intención de voto inicial.

Resuelto este asunto, el pleno inició el análisis del amparo promovido por un militar acusado de delitos contra la disciplina militar y delitos contra la salud en la modalidad de colaboración para fomentar el cultivo y la cosecha de marihuana.

El demandante participó, entre marzo y abril de 2010 en operativos de erradicación de plantíos de marihuana en Chihuahua y, en la revisión correspondiente, se determinó que éstos no habían sido destruidos en su totalidad, por lo que se ejerció acción penal en su contra por dar un informe falso a sus superiores, que permitió la ejecución de delitos contra la salud.

El proyecto del ministro Salvador Aguirre Anguiano plantea que el caso corresponde a la justicia militar, puesto que no hay civiles complicados en los delitos que se atribuyen al quejoso ni tampoco se violan derechos humanos de civiles.


La SCJN seguirá analizando el caso del militar que ''sembró'' evidencia en un caso de sesinato perpetrado por soldado en Nuevo León. NTX