La Policía vigila el rancho de Diego Fernández de Cevallos

PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO (24/MAY/2010).- “Nosotros no hemos recibido ninguna instrucción de que nos retiremos”, dicen dos elementos de la Policía Estatal, que vigilan una de las dos entradas al rancho “La Cabaña”, propiedad de Diego Fernández de Cevallos.

Con ellos está también un policía de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Pedro Escobedo; los primeros, a bordo de la patrulla 03056; el otro, en la 02073.

Desde el sábado, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública su decisión de suspender las investigaciones sobre la desaparición del político mexicano, lo que en la práctica implicaba retirar la vigilancia del referido rancho.

A las 18:30 horas, la PGR publicó dicho comunicado en su página de internet. Un día antes atrajo la investigación que obligadamente tuvo que abrir la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Querétaro.
Desde ese momento, la Procuraduría de Justicia quedaba fuera de las investigaciones, a cargo ahora, de la PGR.

El sábado 15, apenas unas horas después de que se conociera de la ausencia de “El Jefe” Diego, la Procuraduría General de Justicia inició las diligencias ministeriales, correspondientes a la averiguación previa SC/31/2010, que abrió ese mismo día, “con motivo de la desaparición del Diego Fernández de Cevallos Ramos ocurrida en una de sus propiedades en el municipio de Pedro Escobedo, en el Estado de Querétaro”.

Las investigaciones, que incluyeron una revisión ocular de la zona, así como la realización de peritajes de dactiloscopia, químicos y genéticos, entre otros, quedaron suspendidas, seis días después. Ahora, ni la PGJ ni la PGR las continúan.

La vigilancia persiste. El acceso principal a esta propiedad amaneció bloqueado ayer por una patrulla de la Policía Federal (12106), acompañada por la unidad 03057 de la Policía del Estado.
La procuraduría estatal no podía suspender las indagatorias como consecuencia de la petición que al respecto hizo la familia de Diego Fernández de Cevallos, pues habría actuado ilegalmente ya que el secuestro o la desaparición son delitos que debe perseguir de oficio; es decir, sin necesidad de denuncia, explica el abogado litigante Alfonso González Rivas. Por eso fue necesario que la PGR atrajera el caso para así dejar en libertad a la procuraduría queretana de abandonar la indagatoria.