GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2017).- La Procuraduría Genera del la República (PGR) sería la encargada de investigar el desvío de siete mil 670 millones de pesos por parte del Gobierno, dado a conocer por una investigación de Animal Político a principios de este mes.Un experto en Derecho Constitucional consultado por Animal Político indicó que, al tratarse de un desvío de recursos políticos, se pueden atribuir los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, los cuales le competen a dicha dependencia.Luis Manuel Pérez de Acha, también integrande del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aseguró que la investigación también podría involucrar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, ya que por tratarse de recursos obtenidos por funcionarios públicos para actividades ilícitas también se le podría atribuir el delito de lavado de dinero.Además, destacó que el fraude ''está en el supuesto de delincuencia organizada'', delito del cual es responsable de investigación la SEIDO.Hace unas semanas, una investigación de Animal Política y la organización Mexitraos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que entre 2013 y 2014, una investigación periodística detectó que el Gobierno federal entregó contratos ilegales por siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.El desvío de estos recursos fue a empresas fantasma, a través de distintas dependencias y utilizando como intermediarias al menos a ocho universidades de los Estados de México, Morelos y Tabasco.La maniobra benefició a las dependencias federales al eludir la Ley de Adquisiciones, que permite tal contratación siempre y cuando las universidades realicen al menos 51% del servicio contratado, cosa que —por cierto— no ocurrió, y en realidad se desconoce quién se encargó de la distribución de despensas, supervisión de la perforación de pozos de Pemex y la organización de eventos, actividades para las que se establecieron los contratos.
