La PGR investiga créditos irregulares en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (02/NOV/2011).- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cinco denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación por cinco créditos irregulares obtenidos en poco más de un año por el Gobierno de Coahuila a través de documentos falsos, por un monto de cinco mil 300 millones de pesos, cuyo pago se garantizó de forma ilegal con aportaciones federales.

En las investigaciones se ha determinado la participación de servidores públicos. Hasta el momento los expedientes señalan como presuntos responsables directos a quienes realizaron los trámites: Javier Villarreal Hernández , ex tesorero y ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), así como Jaime René Jiménez Flores, director de Deuda Pública de Municipios y Entidades Federativas de Hacienda.

Ayer la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó las últimas dos de estas denuncias en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales que implican a estos funcionarios, aunque corresponderá al Ministerio Público Federal determinar cuántos presuntos responsables más pudieran estar implicados. Ninguna de las denuncias está dirigida contra el ex gobernador y actual líder del PRI nacional, Humberto Moreira.

Javier Laynez Potisek, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, detalló que estos cinco créditos irregulares fueron otorgados al Gobierno de Coahuila en diciembre de 2009, así como en julio, septiembre y diciembre de 2010, durante el Gobierno de Moreira por un monto de cuatro mil 300 millones de pesos; mientras que el último se registró en marzo de este año, por mil millones de pesos, cuando el líder PRI ya no estaba en funciones.

FICHA TÉCNICA
Lluvia de críticas

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, acusó aHumberto Moreira de pretender eludir su responsabilidad en la deuda por 32 mil millones de pesos en Coahuila, al no ofrecer una explicación clara de este caso.  

Los diputados del PAN acudieron al juzgado segundo en materia penal, para pedir se aplique la ley en contra de indiciados por el fraude de tres mil millones de pesos, presuntamente cometido por ex funcionarios del SATEC.