La PGR imputa nuevo delito a ex secretario de juzgado

CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2012).- El ex secretario de acuerdos del Juzgado Noveno en Materia Administrativa en el Distrito Federal Esiquio Martínez Hernández, quien es investigado por la PGR por enriquecimiento ilícito, enfrenta un nuevo delito por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) encontró indicios de que el inculpado probablemente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de invertir.

Así el Juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dentro de la causa penal 13/2012, le notificó que como parte de las investigaciones que el Ministerio Público Federal lleva en contra del ex servidor público que hay indicios que Martínez Hernández realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior al haber realizado 87 operaciones en el lapso del 2003 a 2010, iniciando con una inversión de 20 mil pesos y finalizando con un monto de 15 millones 102 mil 673 pesos; además, por la probable comisión del ilícito señalado, en la modalidad de transferir recursos, al haber realizado dos transferencias, una de 14 millones de pesos y la segunda por 14.5 millones de pesos con recursos de los que no logró acreditar la legal pertenencia.

A petición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la PGR solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra el secretario que se encuentra internado desde mayo pasado en el Reclusorio Preventivo Norte, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Martínez Hernández es investigado desde de mayo de 2011, luego de la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura Federal, contra quien o quienes resultaran responsables de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"En el caso del inculpado, por el injusto penal de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal Federal (en la hipótesis de quien con motivo de su empleo en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilegítimo, cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos)", dijo la PGR.

Debido a que el ex servidor público no logró acreditar su incremento patrimonial de 2003 a 2010, por la cantidad de 50.7 millones de pesos, en el tiempo en que desempeñó como secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra, poniéndolo a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales en el Distrito Federal, quien le decretó auto de formal prisión por el delito consignado.