La Corte ordena liberar a 20 presos por masacre de Acteal

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de 20 hombres que fueron hallados culpables de la matanza de 45 indígenas en el Estado de Chiapas en un episodio del año 1997, debido a errores cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) que utilizó pruebas obtenidas de manera ilegal.

Otros seis encarcelados que cumplen sentencias por la matanza ocurrida en Acteal deberán permanecer recluidos, pero serán sometidos a nuevos juicios.

“Ello, porque se violentaron sus garantías individuales cometidas durante la averiguación previa, toda vez que en la mayoría de los casos, tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita”, señala un comunicado del máximo órgano de justicia en su sitio de internet.

Más de 36 policías, en su mayoría indígenas, fueron hallados culpables en el caso y el resto seguirá cumpliendo sus condenas.
La Corte decidió también otorgar el amparo a los 20 reos porque las pruebas obtenidas ilegalmente deben ser desechadas.

“En seis casos se deberá reponer el procedimiento, a fin de que se dicte nueva sentencia con las pruebas que no se consideraron ilícitas”, agrega el fallo.

Por cuestiones técnicas, debido a que el caso de 31 de los sentenciados estaban a cargo del ministro de la Corte, Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a uno de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia.

La mayoría de ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país llegó a la conclusión de que se violaron las garantías esenciales de los indígenas al no respetárseles tampoco su derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada.

El origen de la historia
El 22 de diciembre de 1997 (ver más detalles en la Cronología), un grupo paramilitar con presuntas relaciones con funcionarios gubernamentales atacó a tiros una reunión de oración de activistas católicos que simpatizaban con los rebeldes zapatistas en Acteal, Chiapas. A lo largo de varias horas, los agresores mataron a 45 personas, entre ellos bebés de dos meses de edad.

Antonio Arias, quien fue herido en la agresión, calificó la decisión como “injusta” y advirtió que podría haber disturbios en su localidad si los presos regresan.

Al respecto, especialistas consultados por este periódico tienen opiniones encontradas con respecto a esta hipótesis (ver aparte).

“Sentimos mucho dolor en el corazón porque consideramos que no es justo que casi 12 años después sean liberadas las personas que nosotros consideramos son responsables verdaderos porque nosotros los vimos”.

Dijo también: “Si ellos salen de la cárcel habrá tensión en nuestras comunidades y puede haber nuevos desplazamientos”. (Agencias)

Arturo Farela, defensor de indígenas
Temen que se genere nuevo conflicto social

Arturo Farela, abogado defensor de los indígenas acusados de la masacre en Acteal, no descartó que pueda haber un enfrentamiento entre los recién liberados y miembros de la asociación “Las Abejas”, que lamentaron el fallo de la Suprema Corte por dejar en libertad a “los culpables” de la muerte de sus 45 familiares.

Cuestionado sobre si cree que pueda haber un choque cuando los tzotziles regresen a Chiapas, Farela dijo que sí  es una posibilidad.

En entrevista telefónica con EL INFORMADOR realizada minutos después de haber terminado la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el también presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), acusó al obispo Samuel Ruiz García y al Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” de alentar el encono entre los indígenas.

“Se vinieron a plantar aquí afuera de la Corte, siguen en su actitud persecutoria hacia los indígenas que hoy (ayer) deben salir libres”.

Por ello, hizo un llamado para que se fomente el respeto a las instituciones, la concordia y la armonía “para que el tejido social no se vea quebrantado en ese municipio de Chenalhó (Chiapas)”.

Confió en que con el fallo de ayer en un futuro puedan salir todos los acusados, “deben salir absolutamente todos, los 79”.

Sobre la acusación que hace la asociación civil de “Las Abejas” en el sentido de que los recién liberados son “paramilitares” y los culpables de la matanza de Acteal, Farela dijo molesto: “No son paramilitares, son indígenas, igual que ellos, los paramilitares son los zapatistas. La molestia es porque los 79 procesados no tomaron las armas para enfrentar al Ejército mexicano en el conflicto zapatista (de 1994); ése, es el gran problema”.

Pedro Faro, representante de las víctimas
Fue un voto a favor de la impunidad

El abogado del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Pedro Faro, lamentó el fallo de la Suprema Corte y dijo que los ministros votaron a favor de la impunidad. Afirmó que la asociación civil de “Las Abejas” ha recibido amenazas de los familiares de los “paramilitares” que fueron liberados.

“Una vez liberados es muy posible que este grupo ‘paramilitar’ se vuelva a reactivar y vengarse en contra de la sociedad civil”. Faro opinó que es complicado que se sienten a dialogar con los liberados, “lo veo difícil porque el problema va más allá de los ‘paramilitares’ que son los asesinos materiales, es un conflicto donde se implementó una estrategia contrainsurgente hacia la población civil”.

Mariano Luna Ruiz, uno de los que confesó haber participado en la masacre de Acteal, dice que intervinieron nueve personas, ¿cree que los 79 son culpables?
Sí, todos son culpables, todos son señalados por los sobrevivientes, esa versión fue tergiversada, fue construida a partir del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y de intelectuales como Héctor Aguilar Camín; hay una declaración anterior donde niega los hechos y luego hace una nueva en donde afirma que sólo fueron nueve, pero la versión de los testigos hablan de 300 personas; todos los detenidos estaban plenamente identificados.

¿Descarta que se fabricaron chivos expiatorios?
Sí, lo negamos, porque los testimonios dados a la PGR por los testigos señalan perfectamente a estos ‘paramilitares’, debido a que donde sucedió la masacre es una comunidad donde todos se conocen, de hecho varios de ellos son familiares, entonces “Las Abejas” tienen plenamente identificados a los perpetradores. (Sergio Cázares)

PARA SABER…
 “Las Abejas”

Es una asociación civil de indígenas chiapanecos que clama justicia por la matanza de Acteal. Aseguran que todos los indígenas presos por la matanza son culpables y que formaron parte de grupos paramilitares que organizó el Gobierno para hostigar a las poblaciones que simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La entidad estaba de acuerdo con los zapatistas en el sentido de buscar más derechos para los indígenas, por lo que participaron en los cinturones de paz que hubo durante el diálogo entre el EZLN con el Gobierno de Ernesto Zedillo. (EL INFORMADOR)

Anciano preso
Teme por la vida del padre

SAN CRISTOBAL.- Manuel Luna Pérez tiene 47 años y también fue detenido en su pueblo natal, La Esperanza, con la versión del supuesto diálogo en San Cristóbal de las Casas, y mandado juicio sin traductor, pese a no hablar español.

“No es justo que estemos privados de nuestra libertad, sin cometer nada, solamente porque somos indígenas que no sabemos leer ni escribir y no hablamos español. En el 97 no hablábamos ni una palabra de español”, relata Manuel Luna Pérez.

Le preocupa la situación de su padre, pues el único de los cuatro que no saldría libre, al menos por ahora, es precisamente el anciano.
“Lo que más nos importa es mi padre. Él ya está sentenciado a 36 años, injustamente, sólo porque no habla español. Por eso el Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado, portación de arma. Mi papá no se puede morir en la cárcel, es una persona inocente, por no saber defenderse”.

CRONOLOGÍA

22 de diciembre de 1997
Un grupo armado —presuntamente conformado por más de 100 personas— mató a 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y seis hombres. Según la versión oficial, difundida por el Gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse el Concejo Municipal Autónomo de Polhó.
La otra versión, de los habitantes, es que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el Gobierno, en sus tres niveles, organizara grupos paramilitares para hostigar a la población rebelde, y posteriormente causar enfrentamientos para poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.

3 de enero de 1998
Emilio Chuayffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación. Fue reemplazado por Francisco Labastida Ochoa, quien a la postre sería candidato presidencial priista en la elección de 2000, cuando ganó Vicente Fox.

5 de enero de 1998
Carlos Marín, en ese entonces reportero de la revista “Proceso”, reveló la existencia de un plan de contrainsurgencia militar para crear conflictos sociales, como también para provocar la inducción de desplazamiento de poblados.

7 de enero de 1998
Julio César Ruiz Fierro, gobernador interino chiapaneco, renunció a su cargo, el cual fue asumido por Roberto Albores Guillén. A Ruiz Fierro se le atribuye la siguiente declaración: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, Mariano Arias), no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levante a los muertos”.

20 de diciembre de 1999
Legisladores chiapanecos pidieron ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que los implicados políticos sean sancionados.

20 de diciembre de 2000
El “subcomandante Marcos”, líder visible del EZLN, señaló en un comunicado, a propósito del ataque contra indígenas que “al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá”.

27 de diciembre de 2006
La Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.

24 de agosto de 2007
Dos de los encarcelados por la matanza revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque. “Nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar”.

4 de octubre de 2007
Condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, de los cuales sólo dos aceptaron haber sido autores materiales del asesinato colectivo.

20 de noviembre de 2007
Murió Antonio Vázquez Secum, quien según el libro blanco elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997.

27 de diciembre de 2007
Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

30 de enero de 2008
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señaló que existe una responsabilidad del Estado por la masacre. “Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad”.

2 de agosto de 2008
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso Acteal porque se trata de un asunto que “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar”.

6 de agosto de 2008
Noé Maza Albores, fiscal del caso, fue removido de su cargo, cuando los expedientes de los inculpados por las muertes eran revisados por la Suprema Corte. Familiares y sobrevivientes de la masacre aseguraron que habían recibido amenazas de parte de Maza.

12 de junio de 2009
Integrantes del Comité de Familias y Amigos de los Inocentes Presos por el Caso Acteal demandaron libertad para los inculpados que se encuentran detenidos en el penal El Amate, en Chiapas, acusados de ser los autores de la masacre.

5 de agosto de 2009. La Corte dictamina que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado.