La Constitución de México ¡A debate!

Las universidades e instituciones de Educación Superior de la República de México, organizaciones protectoras de Derechos de los Humanos y del Medio Ambiente y organizaciones de juristas y civiles, con motivo del Bicentenario de las luchas por la Independencia de México y del Centenario de las luchas por lograr la justicia social proclamada por la Revolución de 1910; han convocado al Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral, el cual se ha venido celebrando en distintas sedes de la República, a partir del 5 de febrero y concluirán el 20 de noviembre de 2010, en la capital de México.

Las instituciones convocantes son casi 30 y se han venido adhiriendo cada vez más; en particular, las participaciones de académicos, juristas, investigadores, ciudadanos y diversas instituciones de la República.

Los temas que se han puesto a debate, son, las garantías individuales, la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos políticos de los mexicanos; los poderes de la República, la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno, así como el Federalismo; los poderes federales, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; las responsabilidades de los servidores públicos y la patrimonial de la Federación; los entes federados; el trabajo y la previsión social; prevenciones generales, reformas e inviolabilidad a la Constitución.

Aquí, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el recinto del Supremo Tribunal de Justicia, Sala “Ignacio Luis Vallarta Ogazón”, se celebraron diversas mesas de trabajo los días 20 y 21 de agosto, con expositores de diversas partes de la República que abordaron temas en torno al trabajo y la previsión social.

Como instituciones locales, además del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se presentaron investigadores y expositores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como propuestas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera principal.

Tuvimos el privilegio de coincidir con el doctor César Eduardo Agraz, jurista encargado de las Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Guadalajara y notario público; quien dirigió nuestra mesa de trabajo en la cual también participaron académicas de nuestro Estado hermano de Zacatecas.

En nuestra intervención, comentamos, en la Catedral de la Justicia en Jalisco, que el licenciado Rafael Covarrubias Flores y un servidor, desde la década de 1980, ya habíamos iniciado trabajos en las cátedras de la Universidad de Guadalajara en torno a elaborar una propuesta para una Nueva Constitución en México, trabajo que se encuentra en su séptima versión y fue entregado al Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral.

Además, comentamos que dentro de dicho proyecto, existe la necesidad de formar ciudadanos, lo cual requiere que cada persona, antes de ser acreditado como ciudadano, debe realizar un examen donde manifieste que conoce las normas rectoras del país y reglamentación básica, la Historia de México, la cultura del país y los símbolos nacionales como lo son el Himno Nacional, la Bandera y el excelso Escudo Nacional, historia y significado, entre otros aspectos relevantes de nuestra historia patria.

En el mismo sentido, a comentarios expresos, se hizo referencia que la propuesta de Constitución, tiene un apartado relativo de los Poderes Formales y dentro de ellos, a los Órganos Constitucionales Autónomos, en donde comentamos que en México se requería un Organismo Constitucional Autónomo de Pensionados en México (OCAPM), dado que los actuales sistemas o formas de pensiones han sido un fracaso y no existe seguridad para quienes han trabajado 30 años o más de que se les otorgue su derecho constitucional a una pensión digna o conforme al contrato celebrado, lo cual es un robo para el pueblo de México.

De igual forma, se expresó, que dicho OCAPM, debía integrarse con personas del sector público, privado y social; conforme al espíritu de la Constitución de México de 1917, que establecía una Economía Mixta y que la riqueza en México fuera para los mexicanos buscando la justicia social, para que los jóvenes tuvieran estudio, empleo y no fueran trabajadores del narcotráfico o demás organizaciones criminales.

Asimismo, se propuso definir un orden político y económico para el país, a largo plazo y que dicho organismo recibirá las aportaciones de los trabajadores, otorgar concesiones en servicios como el transporte público, la explotación del oro y la plata y demás áreas que pueden ser explotadas con enormes dividendos para el país y generar los trabajos que requerimos.

Así, se propuso, adicionar la fracción XXXII al Artículo 123, apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo trabajador que haya laborado, de manera efectiva, por 30 años, debe tener el derecho constitucional a recibir su pensión dinámica; de igual forma, si el trabajador mexicano laboró en el extranjero (EUA), entonces, en ambos casos, los patrones y el Gobierno federal, serán responsables solidarios por dicha pensión.

Con dicha propuesta, tendríamos en México un gran capital para invertirlo en aspectos que detonarían la economía nacional, producirían empleos, se fomentaría el ahorro interno, habría mayor capacidad de compra en las personas y por tanto, mayor movimiento en el mercado; por supuesto menos “ninis”, más educación y trabajo para los jóvenes y menos criminales en México, ya que el principal problema de nuestra amada Patria es el desempleo y las pocas oportunidades a los jóvenes, que es la mayor parte de la población.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento al público que participó, cuyas intervenciones fueron muy valiosas y realizaron comentarios positivos que servirán a México.