La CNDH, ‘‘chimuela’’

A pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos que continúan cometiéndose en el país, el organismo oficialmente responsable de salir en defensa de las víctimas continúa sin fuerza legal para sancionar a los victimarios. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son sólo eso: “recomendaciones”, llamados sin el poder de obligar a nadie a cumplirlas. Los destinatarios, desde secretarios de Estado hasta directores de instituciones públicas, simplemente hacen caso omiso a los exhortos.

Mientras en la lucha contra el narcotráfico son asesinados civiles inocentes, como sucedió nuevamente, por ejemplo, el domingo por la noche en Nuevo León, el organismo está atado de manos: puede hacer muy poco, y ese poco no incluye que se haga justicia.

Mantener con debilidad jurídica a la CNDH es avalar que prosiga la impunidad en terribles casos de violaciones de derechos humanos que tendrán que buscar justicia en organismos internacionales, fuera del país; es impedir, con ceguera política, que la propia comisión contribuya con sus acciones legales a legitimar a otras instituciones públicas; es no facilitar que ayude a cerrar la olla de presión de la molestia social que reina y crece en el país; es tolerar que continúen las arbitrariedades de toda índole por parte de funcionarios, por encima de la Constitución Política o de las distintas leyes.

Desde el Artículo constitucional 102-B se aprisiona a la CNDH, y a sus similares estatales, al apuntarse que formularán recomendaciones públicas “no vinculatorias”, y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. En lenguaje ranchero: hace caso el funcionario que lo desea, el que tiene voluntad política, el que realmente está interesado en el presente y futuro de la población inerme, víctima de abusos desde el poder; el que por encima de su carrera política busca el servicio de aquellos a los que representa.

Ni siquiera se le han dado a la CNDH y a sus similares de las entidades apoyos pequeños, como llamar a cuentas ante las comisiones de derechos humanos de los congresos federal y estatales a quienes rechazan las recomendaciones.

Por eso, ahora que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados elaboran una reforma constitucional en materia de derechos humanos, podrían proporcionarle al organismo el poder que le falta. En sí, los legisladores deberían hacerle caso al diputado Porfirio Muñoz Ledo: la CNDH requiere autonomía y poder para sancionar y no sólo regañar. Para que esto ocurra habrá que dotarla de “dientes”. Porque por ahora la comisión ni siquiera puede gruñir y mostrar caninos afilados: está “chimuela”.