La CIDH condena el asesinato de la activista Marisela Escobedo

- Harán manifestación por Marisela
Escobedo en Ciudad Juárez

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (21/DIC/2010).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato de la activista Marisela Escobedo en Chihuahua y urgió al Gobierno mexicano a que investigue el caso y lleve ante la justicia a los responsables.

"La Comisión urge una vez más al Estado de México a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro", indicó el organismo en un comunicado.

El pasado 16 de diciembre Marisela Escobedo fue asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, donde reclamaba justicia por el asesinato en septiembre de 2008 de su hija, Rubí Marisol Frayre, cuando tenía 16 años.

La pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza, confesó la autoría del crimen pero fue absuelto en primera instancia y puesto en libertad, un mes después de que fuera condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia.

Barraza se dio a la fuga y pese a las amenazas recibidas, Marisela Escobedo luchó para que el asesinato de su hija no quedara impune.

La CIDH pidió al Gobierno de México que investigue el asesinato de Marisela Escobedo "para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen".

Asimismo, instó al Ejecutivo mexicano a adoptar "todas las medidas necesarias" para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato de Rubí Marisol.

La CIDH recordó que en su Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007) señaló que la mayoría de los actos violentos contra las mujeres quedan en la impunidad, "perpetuando su repetición y la aceptación social".

En este sentido, recomendó que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación "oportuna, completa e imparcial", que sus responsables sean sancionados, y que las víctimas tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.

Esto incluye la necesidad de desarrollar una política integral y coordinada, a la que aporten recursos adecuados, para trabajar en la prevención y garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados, sancionados y sus víctimas reparadas.