Justicia retardada

Desde que Rousseau heredó para el mundo occidental la obra que lo catapultó a la memoria histórica: “El contrato social”, ha quedado más o menos claro el concepto de la libertad personal como un derecho entregado al gobierno para que se disponga de éste en favor de la comunidad.

Yo, hombre o mujer, entrego a la autoridad mi independencia, casi mi persona misma, a cambio de que me proteja y garantice la permanencia de mi vida. Obedezco las leyes que las autoridades representativas elaboran –los vilipendiados diputados– en el entendido de que todos lo haremos así, y quien falte a esta obligación será castigado, hasta el grado de perder su libertad. En México no existe la pena de muerte, porque incluso ese castigo está contemplada en las leyes de otros países.

Ese es “el contrato” que hacemos los ciudadanos con el Estado.

En palabras de Hobbes, es más redituable pagar un seguro (aceptar la obligación) para garantizar la vida, a cambio de la obediencia a una autoridad fuerte y central. Eso es mejor que permanecer siempre en un estado de guerra, defendiendo la propia existencia ante todos y cada uno de los hombres.

De estas consideraciones pasamos, necesariamente, a la concepción de justicia.

En las aulas universitarias no son pocos los maestros que sostienen que la justicia es una entelequia, algo que no existe, sino en la mente de los hombres.

Pero eso es precisamente lo que se espera de las autoridades judiciales. Y de ahí el nombre: justicia.

Si los ciudadanos entregan a la autoridad su libertad personal, a la espera de que ésta garantice la seguridad y la vida, cuando menos se aguarda que cada cual tenga lo que se merece, conforme lo dictan las leyes.

En Jalisco, sin embargo, padecemos una larga pugna entre quienes se han profesionalizado para impartir justicia. El máximo entre todos, el titular del Poder Judicial, Celso Rodríguez, mantiene una lucha abierta con quienes representan el equilibrio dentro del Poder Judicial: los consejeros ciudadanos, autoridades máximas del Consejo de la Judicatura.

La pelea llega ya a estratos tan bajos, que el máximo juez del Estado acusa a los consejeros de agenciarse un pago por aguinaldo que alcanza casi un cuarto de millón de pesos. Y los acusados sostienen que es falso, porque se autorizaron –dicen– apenas dos semanas de su sueldo.

¡Qué lejos de la realidad!

En una ciudad como la nuestra, donde un millón de personas ignoran qué comerán mañana, que exigen justicia elemental para mantener su vida, los hombres y mujeres que deberían garantizar que cada quien tenga lo que le corresponde, atentan contra el contrato social.