Justicia alternativa o huevo huero

Rafael Castellanos es el primer responsable que tendrá Jalisco para ofrecer la justicia alternativa a sus ciudadanos. ¿Justicia qué?, se preguntan muchos, mientras no pocos abogados sostienen que se trata de un pretexto más para engrosar la burocracia, porque este personaje se hará cargo de un Instituto de Justicia Alternativa que consumirá en un año 17 millones de pesos, requerirá un edificio para operar y contratará cuando menos a 60 personas. Pero la misión del Instituto es, en esencia, positiva.

La justicia alternativa consiste, dicho de manera muy simple, en ofrecer a los ciudadanos que encaran un conflicto, la oportunidad de mediación y solución antes de llegar a los juzgados. Es una opción para evitar un enfrentamiento de carácter contencioso que, como están las cosas en el sistema judicial mexicano, antes que una oportunidad para garantizar y defender los derechos de las personas, más parece un castigo previo al encarcelamiento o el pago de daños a terceros.

El Instituto está facultado por la ley que le da sustento, para atender y prevenir a la gente que esté en posibilidades de llegar a un juicio civil, familiar, mercantil y hasta penal. Los empleados de esta institución pública deberán orientar a quienes lo soliciten, sobre las consecuencias y costos del proceso judicial (muchas veces, un auténtico lodazal que agota los recursos económicos y la paciencia del más pintado), y además, presentarán una oferta de solución para que los querellantes resuelvan sus diferencias si no en buenos términos, al menos sí en el marco de un acuerdo que les satisfaga.

No se trata, pues, de una misión simple, pero sí noble.

Pero lamentablemente, algo huele a podrido en el huevo que este lunes 28 de febrero incubaron en el Congreso del Estado. Es, como dicen en las casas de pueblo donde todavía tienen gallinas en el corral, un “huevo huero”. Los diputados, otra vez, le metieron mano a algo que tenía como objetivo el mayor provecho para la ciudadanía, y como ocurre casi siempre, en lugar de ayudar, perjudicaron. Y en honor a la verdad, no fueron únicamente los legisladores, porque el origen de esta mala fecundación está en los partidos políticos.

Rafael Castellanos, debe decirse, es un priista de muchos años. Incluso, representó a su partido ante las autoridades electorales.

Y ser priista, debe decirse también, no es defecto o característica negativa per se. Es, eso sí, una marca distintiva que define una militancia política, la pertenencia a este grupo dentro de la sociedad y para efectos de lo presente, la apropiación por parte de uno solo de los partidos políticos, de un espacio que en su origen, debió reservarse a una persona políticamente neutral.

El nuevo director del Instituto de Justicia Alternativa es, también, abogado. De ahí que, se presume, está capacitado para hacerse cargo de la trascendente tarea que él mismo pidió se le asignara, en competencia con otros 28 aspirantes.

Sólo es cuestión de tiempo, y no mucho, para averiguar si Castellanos será un priista en el cargo o flamante director del “huevo huero” a cargo del erario.