Jueces señalan que fiscal incumplió en caso Rubí

CIUDAD DE MÉXICO (18/ ENE/ 2011).- Los jueces del caso Rubí,  ahora suspendidos de sus cargos, señalaron que el Ministerio Público o el fiscal estatal no cumplió con su obligación de acreditar la responsabilidad del acusado Sergio Barraza en el supuesto de una confesión que fue obtenida fuera de la ley.  

Los jueces de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejaron en libertad al presunto asesino de la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo dijeron sentirse perseguidos y advirtieron que podían pedir asilo político en el extranjero.  

En conferencia de prensa sostuvieron que 'hoy se nos quiere enjuiciar políticamente fuera de la ley por haber aplicado las normas y haber tomado una decisión jurisdiccional'.  

Los jueces del caso conocido como Rubí, Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa, Rafael Boudid señalaron que el Ministerio Público nunca les dio otros elementos y otras evidencias en el procedimiento penal contra Sergio Barraza y sostuvieron que la confesión del homicidio nunca se acreditó.  

En ese sentido sostuvieron que ellos no lo declararon inocente sino que lo absolvieron por insuficiencia de pruebas ya que nunca se acreditaron otras evidencias de que Sergio Barraza hubiera sido el autor del homicidio.  

Por otro lado, el abogado defensor de los jueces Maclovio Murillo aseguró que el Tribunal de Segunda instancia actuó bajo presiones políticas para declarar que Sergio Barraza era responsable de la muerte de Marisol Frayre Escobedo y prueba de ello es que su resolución se emitió 17 días después de la sentencia original, cuando estos tribunales se llevan hasta seis meses para una sentencia de este tipo.  

Los jueces señalaron que el jurado no puede investigar en el caso y tampoco puede suplir las deficiencias del Ministerio Público por lo tanto, señalaron que se les quiere juzgar con acciones fuera de la ley.  

Los juzgadores sostuvieron que el Congreso del estado de Chihuahua transgrede su competencia constitucional al tratar de instaurarles un juicio político toda vez que pretenden un linchamiento por una decisión apegada a la ley.  

Los jueces ahora suspendidos advirtieron que se sienten perseguidos, que se han ido cumpliendo diversas amenazas en su contra y por ello de ser necesario pedirán asilo político en el extranjero y en su caso llevarán su asunto a los tribunales internacionales para defenderse de esa que dijeron una estrategia política para sancionarlos.