Jueces de caso Marisela pedirán asilo político en EU

CHIHUAHUA (12/ENE/2011).- Los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib afirmaron que por “solapar” a los verdaderos servidores públicos ineptos, que no supieron, ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar al homicida de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol, se abrirá un juicio político en contra suya.

Además confirmaron que pedirán asilo político a Estados Unidos, que jurídicamente no podrán ser juzgados y que exhibirán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, los tres ejecutores advirtieron que toda resolución contraria a sus prerrogativas será invalidada por medio del amparo y explicaron que jurídicamente no podrán ser juzgados, a través de un escrito turnado a legisladores en el Congreso local. “Pues para solapar a los verdaderos servidores públicos ineptos, como lo fueron en el caso los fiscales que no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas suficientes para condenar un delito grave, se persigue a los resolutores”.

TELÓN DE FONDO
Ministros con escasa preparación

El juez Rafael Boudib Jurado, integrante del jurado del tribunal oral que perdonó a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de su pareja sentimental, Rubí Marisol Frayre,  fue sorprendido haciendo trampa durante el examen para juez oral en Chihuahua hace tres años.

Resulta que Boudib Jurado fue reprobado cuando presentó el examen para ser juez oral del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero debido a su estrecha cercanía con el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), José Chávez Aragón, quien se las arregló para “premiar” la mala calificación de su alumno con un nombramiento de juez oral en Juárez, según investigaciones de “El Diario de Juárez”, por lo que el diputado perredista Héctor Barraza Chávez exige investigar lacalidad moral y ética de los integrantes del Poder Judicial.

Las calificaciones de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y de Rafael Boudib, fueron reprobatorias cuando concursaron por las plazas en el Distrito Morelos, meses antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que comenzó a operar en 2007, pero en el Distrito Bravos, un año después fueron contratados.