Juárez, Reynosa, Sinaloa, Guerrero… ¿cuántos muertos más?

¿Cuántos muertos necesitan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para hacer lo que deben contra el crimen organizado? ¿En cuántos estados de la República debe mandar el narcotráfico, para que los partidos políticos hagan lo suyo? ¿En cuántas ciudades más deben seguir muriendo el periodismo y los periodistas, para que legisladores de todos los partidos se pongan las pilas y hagan su trabajo?

Por recurrentes, las preguntas se han desgastado. Pero todos debemos insistir en formularlas una y otra vez. Y es que la peor respuesta social a la creciente ola criminal sería que por miedo, apatía u odio político —existen los que festejan que el crimen sea incontenible, porque así caería el Gobierno de Calderón—, los ciudadanos perdamos las capacidades de asombro, indignación, y reclamo.

En el fondo, los últimos recursos sociales contra las bandas del crimen son —igual que contra gobiernos autoritarios y dictaduras— los anticuerpos sociales del asombro, la indignación, el reclamo y la propia acción social. Y es que ante el miedo ciudadano y la incapacidad oficial e institucional, cada vez son más las ciudades que los delincuentes arrebatan a los ciudadanos; cada vez son más las vidas que se pierden —sean o no del lado de los sicarios o de los policías o militares— y cada vez es mayor la espiral de la ingobernabilidad.

¿Cuántos muertos más deberá reportar la disputa de las bandas por los territorios? ¿Cuántos gobiernos y gobernantes como Obama deberán decirse horrorizados para que se haga algo? ¿Cuántos periodistas deberán ser silenciados, asesinados, y cuántos diarios amordazados, para que esos legisladores que pelean como perros y gatos en el Congreso —y los que solapan su circo— asuman su responsabilidad para con los ciudadanos?
Está claro que ni uno solo de los más de dos mil alcaldes de todo el país mueve un dedo para combatir al crimen organizado y el narcotráfico —y que más bien muchos son parte del negocio—; que muy pocos o ninguno de los 32 gobernantes estatales mueve un dedo para contener ese flagelo, y que se ha dejado toda la tarea y la responsabilidad al Ejército y en general a las Fuerzas Armadas, a las que —por si hiciera falta— se sataniza como si se tratara de perros del mal.

Por eso se debe insistir, las veces que sea necesario, en el reclamo a los partidos y legisladores de todas las fuerzas políticas: ¿Cuántos muertos quieren, para que se pongan a trabajar; hasta cuándo van a esperar para hacer las reformas necesarias, no las posibles y menos las inviables? ¡Ya basta… los ciudadanos también tienen un límite!

En el camino

Los 50 muertos en Guerrero serán millones de pesos perdidos.