Inseguridad sin remedio

Apenas se disipó el olor de pólvora de los fuegos artificiales de los festejos del muy televisado Bicentenario y estamos obligados a volver a la realidad. Inevitables, tenemos encima los problemas de la inseguridad y las vergonzantes prioridades preelectorales de la clase política.
Habrá que explicarlo.

Mientras suman multitud quienes esperan que este 2010 se repita el ciclo de la lucha armada y sangrienta (1810 fue Guerra de Independencia y 1910 fue Revolución... ergo, se profetiza justicia por vía de las balas en el nuevo centenario), los políticos mantienen con terquedad y ceguera su calendario y sus prioridades.

Dicho en términos de estadísticas: el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, una de las escasas inversiones del Poder Legislativo que producen resultados útiles sin que sean aprovechados, presentó un informe en el que se da cuenta de que Jalisco e Hidalgo son los dos únicos estados del país que no han utilizado ¡un solo peso! del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Se trata de recursos que destina el Gobierno de la República a las entidades federativas —entre éstas Jalisco— para que capaciten a sus policías estatales y mejoren su desempeño en el combate a la inseguridad y el crimen organizado. Pero se trata de dineros que, si no se utilizan para el fin que fueron etiquetados, serán recuperados íntegramente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Más despacio... se trata de más de 300 millones de pesos que el Gobierno de Jalisco, sin mayor esfuerzo, puede entregar a su Secretaría de Seguridad para capacitar a sus elementos (“hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”, explica el diccionario) que no se han ejercido, nomás por la más vil de las burocracias, cuando ya el noveno mes del año está entrando en vejez.

¿Si de enero a septiembre no hubo capacidad de gastarse este dinero, lo podrán hacer de octubre a diciembre?
El señor Fernando Guzmán, responsable de la política interna de Jalisco, aceptó esa incapacidad de trabajo del Gobierno del Estado, incapacidad que técnicamente llaman “subejercicio”. Pero no se hizo responsable, porque le arrojó la culpa a uno de sus compañeros del Gobierno, el secretario de Finanzas, José Luis de Alba González.

Como el señor Guzmán quiere ser candidato de su partido a la gubernatura, cualquier declaración se vale antes que quedar mal entre la gente a la que pronto le pedirá votos y aprobación para su imagen.

Y mientras los políticos se aferran a sus proyectos mezquinos como los del señor Guzmán, el dinero que tanto falta para enfrentar a los criminales organizados, sencillamente deja de gastarse en lo que falta: policías capacitados y mejor equipados.

Su culpa, ciertamente, tiene el otro secretario, el señor de Alba, pero el jefe de los dos, el gobernador Emilio, calla en vez de exigirles responsabilidad.

Acaban el Bicentenario y los festejos, pero no hay remedio para la realidad.