Iniciativas que recuperan espacios visuales

HERMOSILLO, SONORA (27/FEB/2012).- Caminar por las calles. Ver árboles con carteles que muestran caras y piden votos. Pensar: “Ya son tiempos electorales”. Seguir por la misma calle. Voltear hacia ambos lados y ahí, en algún punto que no escapa a la visión, ver una barda con mil colores diferentes, anunciado el nombre de algún político que quiere comenzar a vivir o, en su caso, seguir viviendo del erario.

Pasa en todo el país, pero en Hermosillo, Sonora, y en el Distrito Federal, hay acciones encaminadas a recuperar estos espacios o al menos a darles un sentido social.

Julio César Márquez, sin ser la persona más mediática, ha logrado más que muchos activistas. Aunque no lo ha hecho solo, el vocero del Movimiento 5 de junio, que agrupa a los padres que perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC –el mismo Julio es uno de ellos–, ha sido parte fundamental en la aprobación de la ley general de guarderías, que en la teoría tendrá que obligar a la implementación de normas que eviten otra tragedia similar en el futuro.

Desde hace algunos días, Julio César Márquez y otros padres de familia, así como miembros de la sociedad, han implementado una estrategia que consiste en pintar bardas con exigencias de justicia por los niños ABC, tales como son el encarcelamiento de los culpables del incendio.

Como el mismo Julio lo cuenta en diálogo telefónico, la idea es ocupar esos espacios con un sentido social antes de que los políticos los ganen. Cuenta cómo un día llegó, junto con otras personas, a la casa de una señora que posee una barda amplia y vistosa; cuando le dijeron que querían pintar, lo primero que imaginó la dueña fue que se trataba de propaganda política y su actitud fue de rechazo, pero cuando le explicaron que era a favor del caso de la guardería ABC, accedió inmediatamente.

Así, espacios que podrían ser ocupados por el “candidato al distrito…”, o por mensajes de “vota por…”, son aprovechados por reclamos de justicia social.

En defensa de los árboles

A Jesús Robles Maloof le cuesta trabajo recordar desde hace cuantos años se dedica a ser activista. Abogado de profesión, dedica la mayor parte de su tiempo a la defensa de los derechos humanos en más de un rubro. El proyecto que tiene ahora en manos, y que va rindiendo frutos, tiene más que ver con el derecho de los ciudadanos a tener un panorama libre de anuncios políticos.

Con la estrategia “Quita un anuncio. Adopta tu calle”, Robles Maloof pretende que toda aquella propaganda que está situada en árboles y que incluso tapa los semáforos, sea retirada por manos ciudadanas, siempre con estricto apego a la ley. Según cuenta, hubo una exageración en el uso de estos medios durante las precampañas.

Aunque la iniciativa hasta este momento sólo se limita a la Ciudad de México, el activista confía que pronto en otras ciudades, como Guadalajara, surja algo similar; para esto, pide a los abogados asesorar a la ciudadanía sobre de qué lugares puede retirar propaganda sin infringir la ley.

Tal es el impacto que ha causado, que ayer la Secretaría del Medio Ambiente prometió apoyar la iniciativa y crear una brigada que retire la propaganda electoral colocada ilegalmente.

Tan sólo en días pasados, el Gobierno del Distrito Federal retiró cerca de 46.7 toneladas de propaganda electoral, principalmente ubicadas en avenidas primarias y parques, según lo informan medios locales.

Hasta el momento, señala Robles Maloof, ninguna autoridad ha molestado a quien forma parte de esta estrategia para retirar la contaminación visual.


DICE QUE SÓLO OBEDECÍAN

Presa por ABC culpa a gobiernos estatal y federal

HERMOSILLO, SONORA.- A casi 33 meses que ocurrió la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños perdieron la vida, la justicia no se ha hecho presente para sus familiares, ya que siguen en proceso 26 personas investigadas por homicidio culposo tras el incendio.

Sólo cuatro enfrentan el proceso penal en prisión, entre ellas Yadira Barreras, ex coordinadora de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Voces como la de ella aseguran que los verdaderos culpables deberían de ser los funcionarios de primer nivel del Gobierno estatal y de la instancia federal, y no empleadas que sólo seguían instrucciones.

Desde su encierro, Yadira Barreras asegura que no es culpable del incendio ni de las consecuencias.

Fue el 5 de junio de 2009 cuando la estancia infantil ABC se quemó tras propagarse el fuego de una bodega contigua, que era rentada para fines del Gobierno estatal.

En pocos minutos, el fuego consumió la guardería y los techos empezaron a derretirse debido a los endebles materiales con los que estaban construidas las estructuras.

Yadira Barrera dice que no fue su facultad autorizar los materiales con los que se construyó el techo del edificio.

Sostiene que se comete una injusticia contra ella y otras dos de sus ex compañeras que están encarceladas, mientras que funcionarios de primer nivel tanto del Gobierno de Sonora como del IMSS están libres de culpa.

“Aquí (en la cárcel) debería estar el ex gobernador Eduardo Bours, también debería estar la ex coordinadora de Guarderías del IMSS”.

Habla desde el área femenil del Centro de Readaptación Social de Hermosillo, donde se encuentra recluida junto con Nohemí López Sánchez y Delia Irene Botello Amante, quienes fungieron como Jefa Delegacional de Guarderías y Coordinadora Zonal de Guarderías del IMSS, respectivamente.

Ellas y Arturo César Leyva Lizárraga, anterior delegado en Sonora de la dependencia, perdieron el beneficio de la libertad bajo fianza.

Por estar tipificado el delito como homicidio culposo, los inculpados pueden enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, Barreras, Botello Amante y López Sánchez no han podido depositar la fianza que equivale a más de dos millones de pesos.

“Esto es un error del sistema de Gobierno, del de guarderías, del IMSS, porque todo esto es una serie de autoridades, grupos, oficinas, departamentos, que no tenían un enlace, que quienes son responsables de establecer las normas de operación que regulan que supervisan, que dictan normas, las cuales nosotros ejecutábamos de acuerdo a nuestras guías y criterios de supervisión. Es toda una cadena que viene desde arriba en cascada, hacia a bajo”, comentó Yadira Barreras.

Asegura que su responsabilidad era supervisar varios rubros, entre ellos protección civil y seguridad, pero sólo reportaban lo que era visible como si había extintores y salidas de emergencia.

“Lo que venía en nuestras guías y criterios de supervisión era supervisado por nosotros. Esas causas del incendio no eran visibles a nuestros ojos, los techos que nosotros veíamos son los mismos techos —les dijimos al Juez y al Ministerio Público— que vemos en sus oficinas; son plafones, que a la vista desde a bajo son los mismos de restaurantes, hoteles y oficinas. Si más arriba había lámina DDy poliouretano es que así se autorizó por los arquitectos y por los ingenieros que mostraron un dictamen estructural”.

Yadira comenta que la verificación era constante, pero sus reportes sobre seguridad se limitaban a observar si estaban manchados por el agua de alguna lluvia.

Recuerda que en una ocasión hizo llegar a las oficinas centrales su inquietud de las guarderías hubieran empezado a fabricarse como auténticas bodegas, con material de tabla roca. También cuestionó que a un mismo grupo de personas les autorizaran más número de estancias infantiles para explotar.

El Universal


TESTIMONIO

“No pedimos dinero, pero ayudará”

Como una “buena ayuda” calificó Alejandra Carpio Velarde el apoyo de 750 mil pesos que el IMSS dio a los padres de niños que sufrieron lesiones pulmonares por inhalar humo tóxico en el incendio de la guardería ABC.

Madre de uno de los menores que el IMSS clasificó como “no expuestos”, dijo que dicho recurso no fue solicitado por los familiares de esos menores, mucho menos ha sido motivo de la lucha que han llevado a cabo en estos dos años y medio.

“Nuestra lucha, la de los papás de niños que no sufrieron lesiones visibles, nunca fue con el objeto de sacar provecho”.

Admitió que hay gente que los ha señalado falsamente de querer lucrar con las lesiones pulmonares de sus hijos y ahora los critica por haber aceptado ese dinero.

Indicó que en su caso el apoyo por 750 mil pesos será de gran ayuda para complementar la atención a su hijo.

“Mi hijo recibe atención en el IMSS, pero a la hora de algún servicio subrogado tenemos que esperar hasta un mes. Este apoyo nos ayudará a tener esos servicios que requerimos y el seguro no nos los puede dar de manera inmediata o simplemente no los tiene”.