Inicia carrera por la presidencia de la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (03/AGO/2010).- A partir de hoy arranca la carrera presidencial. Pero no para llegar a Los Pinos, sino para ocupar la silla del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien deja este cargo el próximo 31 de diciembre.

Con el inicio del segundo periodo de sesiones del alto tribunal también se dará el banderazo para iniciar la contienda para dirigir el destino del Poder Judicial de la Federación en los próximos cuatro años y manejar un presupuesto de más de 32 mil millones de pesos.

Será una contienda en la que no habrá campañas ni anuncios en televisión, tampoco votaciones masivas y que se decidirá en la plática en corto, en las negociaciones uno a uno entre los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde los primeros días del año, el presidente saliente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reunió a todos sus compañeros del pleno para platicar del tema y suscribir “un pacto de caballeros”, mediante el cual se comprometieron a que nadie tocaría el tema de la sucesión durante el primer periodo de sesiones.

Fue así como el tema se mantuvo en suspenso a lo largo de los primeros siete meses del año.

El reglamento interno de la Suprema Corte, en su artículo 29, señala que será hasta los primeros cinco días del mes de diciembre, previo a la conclusión del encargo del presidente en funciones, (cuando) los ministros interesados en sustituirlo presentarán a sus compañeros y compañeras las líneas generales conforme las cuales desarrollarían dicha función.

Pero en la práctica, desde hoy arrancarán las precampañas para que en diciembre todo esté negociado y sin problemas para el nuevo presidente.

La importancia del cargo

Normalmente el cambio de presidente de la Corte de Justicia pasa desapercibido en todo el país. Y esto ocurre, en opinión del académico del departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Roldán, por la distancia que el ciudadano común tiene con respecto de los asuntos de la justicia. Ir a los tribunales no es visto como un “derecho”, sino como una amenaza, algo indeseable en el imaginario social. Verse envuelto en un pleito es lo que menos se desea.

La justicia no es percibida como la instancia de un mejoramiento de su situación, sino por el contrario, como un perjuicio, de manera que sólo es relevante para un reducido grupo de políticos, académicos o miembros del foro”.

José Roldán considera que, por tratarse de un proceso entre los propios ministros, “la gente no alcanza a percibir del todo cuál es el papel que juega el presidente de la Suprema Corte”.

Geraldina González de la Vega, constitucionalista y ensayista, afirma que esto ocurre también porque “normalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no imprime una ideología durante su encargo, como sucede en Estados Unidos”.

La importancia del presidente de la Corte mexicana, comenta, radica en que a nivel interno “determina el turno de los asuntos, el orden de su resolución, la fijación del calendario y es el encargado de la moderación de las sesiones y de la conducción de las decisiones, donde resulta sumamente importante su capacidad de ejercer el liderazgo dentro de una corriente, pero también de facilitar el consenso con otras corrientes, mismas que además deberá alentar y facilitar.

Los candidatos

Desde hace varios años en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tiene a dos aspirantes claros rumbo a la presidencia del Poder Judicial Federal: los actuales ministros Juan Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz.

Silva Meza es un juzgador de carrera. Tiene más de 30 años en el Poder Judicial. Escaló la mayoría de los peldaños para poder llegar al cargo de ministro. En su trayectoria destaca su ejercicio como juez de distrito, magistrado de circuito y magistrado electoral.

A Silva Meza se le atribuye conocer y entender el funcionamiento de los juzgados, tribunales y de la propia Suprema Corte y de impulsar proyectos dirigidos a acabar con los vicios y problemas que enfrenta la justicia federal.

En el ámbito jurídico, en los juicios más importantes del país, se ha ubicado como alguien liberal, consistente en sus posturas garantistas y protectoras de los derechos humanos.

En el plano administrativo se le ve como un hombre recto, duro, que no hace acuerdos ni negociaciones. Esa, que puede ser su mayor virtud, también ha sido su mayor obstáculo para llegar a la presidencia de la Corte.

El hecho de que no haya negociado, en el pasado, espacios de poder para otros de sus compañeros, generó que en las dos últimas elecciones se armaran bloques para impedir su llegada.

Por su parte, José Ramón Cossío Díaz fue el coordinador de asesores del presidente de la Suprema Corte, Ulises Schmill, el último titular de la anterior época, que dio paso a un nuevo tribunal, a consecuencia de la reforma de 1994.

Desde su salida de la Corte, en aquella época se fijó como meta regresar al alto tribunal como ministro. Desde la academia, a lo largo de ocho años, tejió su retorno, al ubicarse como uno los constitucionalistas más consultados por todas las fuerzas políticas.

En el plano jurídico es ubicado como un ministro liberal, protector de los derechos fundamentales, que llegó a refrescar y a innovar en el máximo tribunal, pero que también ha asumido posturas ambivalentes en los juicios en los que están en juego intereses del Gobierno o de sectores poderosos.

En el plano administrativo se le ve como un ministro negociador y con un alto grado de influencia en las administraciones de los dos últimos titulares de la Corte, al grado de que cuenta con colaboradores suyos que le rinden cuentas, en el círculo más cercano de decisión del actual presidente de la SCJN.