CHILPANCINGO, GUERRERO (17/AGO/2017).- El ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Guerrero y actual diputado local por el PRI, Héctor Vicario Castrejón, fue inhabilitado por un periodo de 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le comprobó irregularidades en la compra de predios para edificar casas a los damnificados por las fuertes lluvias de las tormentas tropicales de "Ingrid" y "Manuel" en septiembre del 2013.El actual delegado de la SEDATU, José Manuel Armenta Tello, dio a conocer que al menos ha presentado 12 denuncias ante la PGR, por irregularidades en las obras de reconstrucción de los daños a viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud, por ambas tormentas tropicales y confirmó que la inhabilitación del diputado local Héctor Vicario Castrejón se originó a partir de una auditoría interna practicada por la ASF, que es su órgano de control interno.El actual delegado de la SEDATU en Guerrero, no quiso abundar en más detalles sobre la decisión de quitar sus derechos políticos al diputado local priista Héctor Vicario Castrejón, junto con la ex coordinadora de delegaciones de la SEDATU, Sheila Karin Ortega Muciño, por irregularidades en el proceso de reparación de daños causados por las fuertes lluvias de las tormentas "Ingrid" y "Manuel".Añadió: "solo se lo que publicó en su portal la SFP, de que por presuntas irregularidades administrativas inhabilitaron por 10 años a Héctor Vicario", y agregó que si esa sanción fue producto de las 12 denuncias que ha presentado ante la PGR, por irregularidades en la reconstrucción de daños, que ha motivado protestas por los damnificados, como en el caso del Fraccionamiento Nuevo Mirador, en esta capital, donde el ex delegado de la SEDATU Héctor Vicario, intervino en el conflicto que aún persiste.Por su parte, el legislador local priista Héctor Vicario Castrejón, sostuvo que la inhabilitación que por 10 años le impuso la SFP, por "negligencia administrativa", con fecha 9 de este mes y bajo el expediente 0061-2017, no es definitiva, porque buscará echarla abajo con la presentación de 21 pruebas de que no incurrió de lo que se le acusa por el órgano interno de la SEDATU.Informó que ya fue notificado sobre su inhabilitación, pero que tiene 15 días para presentar las 21 pruebas con las que dice contar para revertir la acusación de "negligencia administrativa", que afirmó que no nunca ocurrió durante el tiempo que fue delegado de la SEDATU en Guerrero, por lo que exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa (TSJA), la revocación de la sanción en su contra.Descartó que la decisión de sancionarlo con inhabilitarlo por 10 años, no es por actos de corrupción o falta de transparencia en el manejo de recursos destinados a la reconstrucción de daños provocados por las tormentas tropicales "Ingrid" y "Manuel", sino que se trató de deficientes procesos administrativos, "que vamos a aclarar para demostrar que es improcedente esa sanción".
