Lunes, 02 de Diciembre 2024

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México | Secretaría de la Función Pública

Inhabilitan a propietarios de guardería ABC

Con este fallo, los socios y dueños no podrán celebrar contrato alguno con el Gobierno federal durante cinco años

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de más de medio año de ocurrido el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, que causó la muerte de 49 niños, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dictó la inhabilitación de la empresa ABC, por lo que ni ésta ni sus propietarios podrán celebrar contrato alguno con el Gobierno federal durante cinco años.

La guardería ABC, además, deberá pagar una multa por un millón 644 mil pesos, informó la SFP, mediante un boletín, en el que señala que se trata de las sanciones máximas aplicables a una empresa, previstas por la ley.

Los cinco años de inhabilitación cobrarán sus efectos al prohibírsele a la guardería ABC presentar propuestas y celebrar contrato alguno con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El incendio de la guardería ocurrió el 5 de junio de este año, y hasta este viernes, habían transcurrido 197 días, y quedan abiertas las investigaciones de tipo penal.

El castigo anunciado por la SFP, “impide a todos los socios de la empresa, incluso en otras sociedades, o como propietarios de otras asociaciones, hacer negocios con el Gobierno”, durante los cinco años de la sanción.

Los dueños de la guardería son Gildardo Urquides, quien fue secretario de Finanzas del PRI en Sonora, así como las señoras Marcia Gómez del Campo Tonella —familiar de la esposa del Presidente de la República, Felipe Calderón— y Sandra Téllez Nieves, esposa de un ex funcionario del Gobierno estatal.

Respecto de la multa, ésta se aplicó “por la inobservancia de diversas normas de Protección Civil”, en el inmueble que ocupaba la guardería.

Esta sanción se suma a las que aplicó la SFP, este 17 de diciembre, a funcionarios y empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas actividades estuvieron relacionadas con la prestación de servicios de guarderías en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

A los funcionarios y empleados del IMSS, se les aplicaron inhabilitaciones de 20 años y 18 años, y multas de más de 3.2 millones de pesos, por omisiones en el desempeño de sus responsabilidades.

La tragedia de la guardería de Hermosillo, generó un dolor social que alimentó protestas ciudadanas en la capital de Sonora, así como en la Ciudad de México, en tanto que las autoridades del IMSS, el Gobierno del Estado, la PGR carecieron de respuestas a los reclamos de los afectados. Incluso abrieron espacios de atención al problema la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado.

El nuevo Gobierno de Sonora anunció la instalación de una Fiscalía Especial que estudiará la comisión de delitos penales, en la tragedia.

Sólo 5% de subrogadas incumplen normas

CIUDAD DE MÉXICO.-
De las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) —cuyo contrato vence el 31 de diciembre— 95% cumplen con las nuevas normas de seguridad y están en proceso de renovar sus contratos.

De acuerdo con los resultados de las verificaciones practicadas a los mil 500 contratos de los prestadores de guarderías que le dan servicio al Instituto, —entre junio y septiembre pasado— mil 292 estancias han realizado modificaciones en sus instalaciones para cumplir con las nuevas normas de seguridad.

Entre las nuevas reglas de operación, las instalaciones deberán contar con retardantes de fuego, puertas de emergencia abatibles, barra de pánico y detectores de humo conectados al sistema eléctrico.

Así como una póliza de responsabilidad civil de 10 millones de pesos para “cubrir cualquier eventualidad de la que pudieran desprender responsabilidades de cualquier índole”, entre otras medidas.

Sólo 99 estancias están en riesgo de “no firmar un nuevo contrato” por no garantizar la seguridad de los menores. Dijo que garantizará a los usuarios la reubicación en otras guarderías “seguras”.

Derivado de este proceso, a 36 estancias infantiles se les rescindieron sus contratos porque no fue posible realizar adecuaciones que exige el órgano de salud pública.

A seis meses del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños, el Instituto dijo que con estas medidas cumple con la demanda de los padres de familia de que sus hijos acudan a estancias donde sea garantizada su seguridad.

María Luisa Gárate, presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías, realizó una protesta para que el “IMSS flexibilice sus normas de seguridad” y para que se le renueve el contrato de su guardería.

Jefe de Bomberos paga fianza

Homicidio culposo

HERMOSILLO, SONORA.-
El jefe del Departamento de Bomberos de esta ciudad, Martín Lugo Portillo, pagó una fianza de 186 mil pesos que le permitirá enfrentar en libertad el proceso judicial por el homicidio culposo de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en esta capital el pasado 5 de junio.

Una fuente del Ayuntamiento, confirmó la liberación, la noche del jueves, de quien se encargó de dictaminar las medidas de protección civil de la estancia infantil que operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Trascendió que la Procuraduría General de la República (PGR), quien atrajo por completo las investigaciones, llevaría a cabo las órdenes de aprehensión contra otras personas implicadas en la tragedia como mero trámite, ya que los delitos que les son imputados son por homicidio y lesiones culposas y éstos alcanzan libertad bajo caución.

La PGR ejecutó la orden de aprehensión contra el comandante de Bomberos de Hermosillo, presuntamente luego de expirar su amparo, dando inicio a las detenciones de los implicados en la tragedia de la guardería ABC.

La PGR ejecutó la acción penal por orden del Juzgado Primero de Distrito que integró el Expediente 182/2009, después de las 20:00 horas del martes, cuando el comandante transitaba por el Bulevar Del Río y Solidaridad.

El monto original de la fianza, se conoció, fue de casi dos millones de pesos, pero los abogados de Lugo Portillo lograron reducirla a 186 mil pesos, aproximadamente.

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