CIUDAD DE MÉXICO (08/MAY/2017).- La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según un informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual fue enlatado y desechado oficialmente.Fuentes del Gobierno federal admitieron que existe la posibilidad que la investigación sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley.En el expediente se documenta que hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río Cocula, donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos de los estudiantes, y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.En el documento se destaca que el presunto responsable Agustín García Reyes fue llevado al río en un helicóptero Bell-412, matrícula XC-JBX, sin su abogado, como obliga la ley.Todo el personal que apoyó ese 28 de octubre a Tomás Zerón, quien entonces era el director de la Agencia de Investigación Criminal, no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos.Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por haberlo llevado sin su abogado defensor.La presencia en el sitio de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez “reviste un carácter ilícito”, añade el documento, y registra “retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho”, como las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza y Agustín García Reyes, entre otros, varios de ellos de los principales testigos del caso.Hubo párrafos idénticos en las consignaciones de Jonathan Osorio, Patricio Reyes y Darío Morales. La Visitaduría detectó indebidamente “fechas y horas contradictorias”, y pone en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes apilados.
