Infierno en Guerrero

En el Guerrero de Zeferino Torreblanca, todas las coordenadas de la muerte se cruzan: hay un operativo conjunto del Gobierno federal contra los cárteles de la droga, pelean entre sí las bandas de narcotraficantes que han tejido alianzas con caciques y disputan territorios con la guerrilla, mientras se dan ejecuciones entre delincuentes y por parte de grupos paramilitares, en una guerra sucia de varios niveles en cuyo camino han muerto políticos, militares, activistas sociales, guerrilleros y sicarios. Ningún Estado en el país presenta la descomposición que se da en Guerrero, donde el gobernador parece hacer de todo menos gobernar.

La semana pasada, después de varios citatorios para que declarara en torno al asesinato de Armando Chavarría, el líder estatal del PRD que fuera asesinado frente a su casa en Chilpancingo en agosto pasado, seis policías detuvieron al director del periódico “El Sur”, Juan Angulo, para presentarlo en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, donde le hicieron 50 preguntas, incluidas si conocía a Raúl Lucas García y Manuel Ponce Rosas, líderes mixtecos asesinados en febrero de 2009, y a Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, jefe del ERPI, que murió en forma no aclarada en noviembre.
Lo que mejor probó el incidente con Angulo fue el desastre hecho por el Gobierno de Torreblanca con la investigación y con el Estado.

En un principio, una de las hipótesis del crimen fue un ajuste de cuentas entre viejos camaradas de la guerrilla de Lucio Cabañas, de la que Chavarría formó parte desde sus primeros años de juventud. Cercanos a Chavarría descalificaron por completo esa afirmación, lo que también hizo el equipo de Torreblanca. “No hay sustento en esa afirmación”, dijo uno de sus más cercanos colaboradores. “La propia guerrilla envió mensajes de que ellos no habían sido”.

Para Torreblanca, se trataba de un crimen pasional, y es lo que estaban por anunciar hasta que la semana pasada la investigación tomó un giro inesperado.
La Procuraduría dijo que investigaba los nexos de Chavarría con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y con uno de sus sicarios, Jesús Nava Romero, “El Rojo”, quien murió en el enfrentamiento con los marinos en Cuernavaca hace casi tres semanas junto con el jefe de la banda, Arturo Beltrán Leyva.
Según esto, “El Rojo” había amenazado a un hijo del perredista, por lo que Chavarría habría mandado asesinar a un guardaespaldas de “El Rojo” como advertencia que no se metiera con su familia. La averiguación dice que Chavarría fue visto con dos sicarios en Petatlán, en la zona de la Costa Grande dominada por el cacique Rogaciano Alva Álvarez, tres días antes de su asesinato, sugiriendo su contratación para el trabajo.

Pero estas líneas se contradicen. Alva Álvarez, a quien trataron de asesinar en 2008, ha sido asociado por las autoridades con Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrentado desde hace dos años con los Beltrán Leyva.

Alva Álvarez controla el corredor hacia Michoacán, donde opera “La Familia”, aliada del cártel de Sinaloa y enemiga de los Beltrán Leyva, a quienes disputa el trasiego de drogas a través de Tierra Caliente, contigua a la Costa Grande, que operaba “El Rojo”. Chavarría estaba enfrentado con Torreblanca, y no hace sentido que buscara apoyo de su protegido Alva Álvarez para dirimir un conflicto con sicarios de los Beltrán Leyva, con quien sugiere la investigación que estaba vinculado.

De acuerdo a lo transcendido, Angulo, quien ya había venido siendo hostigado por Torreblanca desde hace un buen tiempo, no fue interrogado sobre el narcotráfico, sino sobre la vertiente de la guerrilla, donde la Procuraduría estatal se metió en un nuevo pantano.

Lucas García y Ponce Rojas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en Ayutla, fueron asesinados en un episodio de la guerra sucia que se libra en Guerrero, como resultado directo de la decapitación de ocho militares en Chilpancingo en diciembre de 2008.
Según oficiales del Ejército, fue un quid pro quo. Lucas García y Ponce Rojas eran identificados como miembros del ERPI, y de acuerdo con las fuentes, fueron erpistas quienes decapitaron a los militares. La respuesta, vistos los hechos, fue matarlos.

El interrogatorio de Angulo tenía como eje central un texto que publicó en “El Sur” donde mencionaba las líneas de investigación sobre el asesinato de Chavarría y hablaba de la contrainsurgencia. La manera como ha venido acosando Torreblanca a Angulo habla de un creciente nerviosismo del gobernador. ¿Por qué cambió la conclusión del caso Chavarría de pasional a narcotráfico? ¿por qué la insistencia de preguntarle a Angulo sobre los presuntos miembros del ERPI asesinados?
En la línea de tiempo de la múltiple guerra que vive Guerrero, no está claro hacia dónde se quiere ir. La muerte de los líderes mixtecos está vinculado a un acuerdo no escrito de respeto mutuo: el Ejército sabe dónde está el ERPI, pero no son su prioridad en Guerrero; si no los atacan, no les responden. No así la del comandante Ramiro, a quien señalan informes del CISEN como un guerrillero que también se dedicaba a la delincuencia en Tierra Caliente. Finalmente cayó abatido en esa región, importante en el cultivo y trasiego de drogas, en un enfrentamiento donde varios líderes sociales de la zona aseguran que fue muerto por paramilitares.

Torreblanca es políticamente ingenuo y terriblemente necio. Por su personalidad se enfrentó al PRD en Guerrero y se distanció de Chavarría. El interrogatorio de Angulo tiene mucho que ver con esa visión estrecha y unidimensional que tiene de la realidad sociopolítica. Sin embargo, la candidez del gobernador puede hacer un bien a la salud pública mexicana. En el desaseo de la investigación sobre el crimen, se están acomodando las piezas del rompecabezas en el Estado, que permiten ver que en la Entidad no se vive una guerra sino un infierno, más caliente que el que vivió hace casi 40 años.
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