Ineficaz la SFP en multas: auditoría

CIUDAD DE MÉXICO (16/JUN/2013).- Durante el mandato de Felipe Calderón, el gobierno federal apenas pudo recuperar 25.2 millones de pesos en multas a servidores públicos acusados de corrupción, lo que representa apenas 0.33% de las sanciones que intentó imponer tan sólo en el año 2011.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no argumentaba bien en tribunales o de plano dejaba pasar meses o años sin presentar las pruebas en contra de los acusados, además de que cometía fallas simples como anotación errónea en sus bases de datos del registro federal de contribuyentes del infractor.

El reporte de la ASF indentificó que 37 casos revisados en la auditoría a la gestión 2011, con castigos por 459 millones de pesos que "fueron impugnadas y ganadas por los servidores públicos sancionados, debido a que los Órganos Internos de Control (OIC de la SFP) no motivaron ni fundamentaron las irregularidades imputadas y, en otros casos, prescribieron sus facultades sancionatorias por no realizar las gestiones correspondientes en los plazos establecidos, destacando dos sanciones en Pemex Refinación por 212 millones de pesos".

Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, fue multado en 2007 con mil 324 millones de pesos, junto con quien fuera abogado general de la paraestatal, Juan Carlos Soriano (una de las multas más altas en la historia) pero la Función Pública ha fracasado en su intento de hacer efectiva la sanción multimillonaria por el presunto desvío de recursos de la paraestatal al sindicato de trabajadores petroleros, que encabeza Carlos Romero Deschamps.

El mismo Muñoz Leos, designado por Vicente Fox al frente de Pemex, evitó una multa de la Función Pública por usar recursos públicos para pagar cirugías estéticas de su esposa. Tras casi cuatro años de litigio, Muñoz Leos devolvió el dinero y se salvó de una multa. Ambas acusaciones contra Muñoz Leos no formaron parte de la auditoría a la gestión 2011 que realizó la ASF a la Función Pública.

Apenas 25 millones

La SFP informó mediante la Ley de Transparencia que, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 201,2 logró meter a las arcas públicas 25 millones 271 mil 836 pesos por concepto de multas a servidores públicos.

En el sexenio de Calderón, al menos 31 casos atrajeron la atención mediática, pero sólo funcionarios menores recibieron inhabilitaciones y en casos relevantes, las acusaciones se cayeron en tribunales.

La ASF revisó la efectividad del cobro de sanciones tan sólo del ejercicio 2011, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011, cuando el gobierno federal impuso mil 66 sanciones económicas que, en suma, alcanzaban los siete mil 361 millones de pesos. De 2007 a 2011 fueron cuatro mil 29 sanciones económicas impuestas a ex funcionarios públicos.

En una muestra de 37 casos de corrupción en Comisión Federal de Electricidad (CFE), Policía Federal, IMSS, Pemex y la propia SFP, que involucraba a 196 funcionarios sancionados en 2011, la ASF detectó que tampoco hay evidencia de la coordinación que se tiene con el SAT para el seguimiento de cobro de las sanciones económicas.

En 100% de los expedientes revisados hubo omisiones en el registro de datos como: daño o perjuicio ocasionado, fecha de inicio, puesto del denunciado, número de crédito fiscal asignado y monto.

En 27 expedientes revisados, se determinó que los periodos de inmovilidad de los créditos fiscales, conforme a los registros, van de 32 a tres mil 928 días, situación que obedece a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no registró todas las gestiones que realizó para hacer efectivo el cobro de los créditos, lo cual no refleja el estado real de trámite de éstos. Como consecuencia de la reunión de presentación.

Por ejemplo, en el expediente de responsabilidad 0006 /2004, por daño a la Comisión Federal de Electricidad por nueve millones 153 mil pesos, el Órgano Interno de Control (OIC) tardó 63 días naturales entre la recepción de los resultados de la auditoría que le remitieron y el inicio del procedimiento de responsabilidades.

Peor aún, la ASF confirmó inactividad de 602 días naturales en el proceso de coordinación y comunicación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el OIC para el cobro de la sanción, debido a que el 7 de julio de 2005 se le notificó al SAT la sanción económica y hasta el 1 de marzo de 2007 el órgano se comunicó con el OIC para que le informara si el denunciado tiene otros domicilios donde pudiera localizarlo para proceder al cobro del crédito fiscal.  Al 31 de diciembre de 2011, este crédito seguía sin cobrarse y se encontraba en baja probabilidad de cobro por no estar localizado el deudor.

Dejan prescribir delitos

Otro caso es el 0061/2008, por 3 millones 356 mil pesos por daños a CFE donde la sanción económica impuesta a un servidor público no procedió debido a que interpuso juicio de nulidad, el cual fue resuelto a su favor por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) porque el OIC no definió en la demanda la ubicación donde ocurrieron los hechos, y cuando quiso subsanar esta situación, ya había prescrito.

La SFP argumentó ante la Auditoría que en la carga de trabajo es la que los lleva a atrasarse en el seguimiento de las denuncias y la presentación de pruebas.

En una irregularidad cometida por una servidora pública en la Policía Federal, que mereció a juicio de la SFP una multa de 135 mil pesos según el expediente 691/2008, se tardaron en resolver el procedimiento 538 días, porque ella argumentó enfermedad, por lo que "fueron difiriendo en varias ocasiones las fechas programadas de las audiencias de ley en que ella tenía que atender la audiencia que se llevó hasta el día 24 de julio de 2009".

En Pemex Refinación, la Auditoría detectó un asunto que tardó mil 50 días en resolverse. La Función Pública declaró que los acusados presentaron pruebas de descargo, lo que dificultó probarles las acusaciones.