Incapacidades médicas debilitan la fuerza pública en México

Oaxaca tiene el récord

La mayoría de las licencias no es por riesgo de trabajo

Primera de tres partes

CIUDAD DE MÉXICO (27/DIC/2010).- En México hay un gigantesco problema que toleran los gobiernos federal, estatales y municipales: las incapacidades médicas dejan un boquete en materia de recursos humanos y económicos que se demuestra en el ausentismo en las policías. Las administraciones públicas carecen de filtros para verificar la legitimidad de las licencias médicas interpuestas por los agentes: hay defraudación por la simulación de enfermedades (este ilícito es el más recurrente), alteración de documentos, extorsión y soborno, pero la erradicación de estos delitos ni siquiera es considerada en los centros estatales de evaluación y control de confianza que deben implementarse tras la aprobación, en enero de 2009, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el Distrito Federal, donde las autoridades locales presumen la mayor cobertura en materia de seguridad pública hacia la población (el Gobierno local dispone de 10.5 elementos por cada mil habitantes; la Organización de las Naciones Unidas recomienda 2.8 por cada millar), la Secretaría de Seguridad Pública registró 194 mil 920 incapacidades médicas temporales en el trienio 2007, 2008 y 2009. Esas licencias provocaron un millón 081 mil 002 días de ausentismo; es decir, un acumulado de dos mil 961 años.

De acuerdo con la corporación, se cuenta con una plantilla laboral de 43 mil 717 policías preventivos y administrativos (se excluye a las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, conocidas como “policía complementaria”). Si se repartieran entre todos los empleados las incapacidades solicitadas, el promedio sería de 4.4 licencias por trabajador en ese trienio (1.4 licencias por año por empleado). Pero la realidad es otra y exhibe las fallas en los mecanismos de control de elementos.

En 2009 se tramitaron 70 mil 130 incapacidades interpuestas sólo por 15 mil 622 empleados; en 2008 se registraron 63 mil 468 licencias por 15 mil 477 trabajadores; en 2007 se concedieron 61 mil 322 incapacidades para 14 mil 828 elementos. Lo anterior expone que sólo una tercera parte de la plantilla laboral es la que se incapacita sistemáticamente al año, lo cual significa que ese grupo solicita 4.4 incapacidades anuales en promedio.

Al hacer un comparativo entre las incapacidades médicas de empleados de la Policía del Distrito Federal y corporaciones de seguridad del sector privado, Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, detalla: “De cada 10 faltas registradas entre los policías de la seguridad pública se registra una en el ámbito de seguridad privada, porque nosotros penalizamos la impuntualidad e inasistencia —el porcentaje surge de las cifras comparativas de ausentismo en el IMSS y de los registros de socios de la organización—. En todas las empresas registradas ante el Consejo, por contrato de trabajo se establece que tres faltas injustificadas en un periodo de cuatro meses equivalen a una falta administrativa, y al acumularse dos de ellas se rescinde el contrato de trabajo. Empero, se aplica vigilancia estricta para que todos los elementos de seguridad estén en sus puestos de trabajo minutos antes de la hora acordada. Este lapso permite que, en el momento en el que se detecte la falta de algún elemento de seguridad, de inmediato se supla con otro para no afectar la calidad del servicio.

“(El filtro para evitar que presenten incapacidades sin estar enfermos) consiste en la aplicación de estudios de confidencialidad de cada empleado, que incluye polígrafos, test de personalidad, estudios socioeconómicos, de personalidad y otros”.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada agrupa a más de 200 corporaciones en el país, con una fuerza de 40 mil guardias.

Enfermedades “generales”

Los motivos de incapacidad en la Policía del Distrito Federal no forman parte, de manera general, de los riesgos de trabajo. Son producto de enfermedades “generales”. Las 10 principales causas por las que solicitaron licencias son esguince cervical, faringitis aguda, faringitis, rinofaringitis, rinofaringitis aguda, lumbalgia postraumática, gastroenteritis, faringoamigdalitis y policontundido. Sólo algunas de éstas tienen relación directa con la actividad policial.

Los certificados médicos no detallan la enfermedad del trabajador, por lo que se desconoce la condición real de salud. Y aunque los padecimientos reportados no son graves, el remate es que, en 2009, ningún empleado registró incapacidades “permanentes parciales” (son aquellas que, sin alcanzar el grado de total, ocasionan al trabajador una disminución no inferior a 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de tareas fundamentales de la misma). Estas licencias permiten que los funcionarios continúen en sus labores de manera parcial para no afectar la operatividad de la dependencia; es decir, si se trata de un policía, se le remite durante su convalecencia a encomiendas sin riesgos mayores, como la custodia de edificios o centros de recreación.

Impactos

Las incapacidades son golpes fulminantes para las corporaciones: reducen el estado de fuerza, con la consecuente pérdida de la eficiencia en el combate contra el crimen. Pero la Asociación Internacional de Jefes Policiales, constituida en Estados Unidos, revela que este ausentismo deja cuatro impactos en: organización (porque exige una reorganización operativa), financiero (porque deja un costo adicional por el tiempo pagado que no se trabajó, además de las horas extra erogadas para otros oficiales que cubrieron a sus compañeros ausentes), interpersonal (porque reduce la moral de los activos) y ético (disminuye la confiabilidad de los policías que se enferman).

¿Cuánto se pagó a los trabajadores que se incapacitaron en el Distrito Federal? No hay respuesta oficial. La Secretaría de Seguridad Pública turnó la misma pregunta a la Secretaría de Finanzas, mientras ésta la reenvió a la Oficialía Mayor. Ninguna dependencia respondió.

Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se encarga de la seguridad social de los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, también se le consultó sobre la erogación en salarios de trabajadores incapacitados. La respuesta: “Este dato es inexistente debido a que el formato de la licencia médica como documento primario, no capta el rubro del sueldo”.

Sin embargo, hay una forma de estimar lo que se erogó: en el Distrito Federal el sueldo mensual promedio para el personal de la Secretaría de Seguridad asciende a ocho mil 034.60 pesos (es el tercer mejor salario en el país, sólo superado por Tamaulipas y Baja California); es decir, perciben al día 267.82 pesos. Si multiplicamos esta cantidad por el total de días de ausencia, el resultado es que el Gobierno pagó a sus empleados enfermos 289 millones 513 mil 955.64 pesos entre 2007 y 2009. El Consejo Nacional de Seguridad Privada subraya que el ausentismo y el pago de salarios al personal enfermo que se registra en el Distrito Federal, orillaría a la quiebra a cualquier empresa de seguridad privada.

Personal de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal evadió una declaración sobre el tema. Al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal también se le solicitó una entrevista con el titular del organismo, Luis Wertman Zaslav, pero la solicitud fue desechada “por desconocer del tema”.

El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), el Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde) y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia no tienen estudios sobre este problema. En la misma situación se declaran en las entidades federativas los Consejos Ciudadanos de Seguridad y las asociaciones México Unido Contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, México SOS y Causa Común.

Para Ernesto Cárdenas Villarello, de la Oficina de Investigación y Reforma Policial del Insyde, este ausentismo se atribuye principalmente a las deficiencias estructurales de las corporaciones. Por ello recomienda una revisión “jurídica y administrativa” en la que destaque la transparencia.

“Es un problema bastante complicado. Los policías, de manera general, son trabajadores de confianza, un régimen en el que las condiciones laborales no están adecuadamente transparentadas y normadas. Las jornadas de trabajo son inhumanas porque nadie soporta laborar un año completo 24 por 48 horas, sin dejar claro los días de descanso y las vacaciones. Otro problema es la famosa ‘disposición’: hay una cláusula que dice que los policías deben estar en posición o en espera de cualquier orden de sus mandos, entonces hay jornadas extenuantes. Esto no les permite ser eficientes, provoca ausentismo por enfermedades, pretextos para ausentarse del trabajo y corrupción. Es muy fácil señalar a los policías, pero debemos revisar las violaciones a sus derechos humanos”.

Las bajas

Al golpe en el estado de la fuerza policial del Gobierno del Distrito Federal atribuido a las incapacidades médicas hay que sumarle los dos mil 323 trabajadores que se dieron de baja entre enero de 2007 y septiembre de 2010 (por renuncias y destituciones).

El pasado 30 de noviembre, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presumió que el modelo de trabajo de la Policía de la Ciudad de México “se quiere replicar” en todos los estados de la República.

Cobertura

El dato de 10.5 elementos por cada mil habitantes es confirmado por las autoridades al sumar la plantilla laboral de las policías Preventiva, Auxiliar y Bancaria e Industrial, que en total suman más de 80 mil elementos.

En la práctica, la cifra de 80 mil policías activos se reduce a la mitad, pues sólo 50% efectúa patrullaje y combate directo al crimen, mientras el resto está asignado a edificios públicos y privados, así como puntos públicos donde sólo vigilan.

¿Quién emite las incapacidades?

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son los responsables de las emisiones de incapacidades para la mayoría de funcionarios de la Federación, los estados y los municipios. De manera general, los funcionarios municipales cuentan con seguridad social del IMSS, mientras los estatales son atendidos por el ISSSTE.