Impiden a afectados de Río Sonora reunirse con Grupo México

HERMOSILLO, SONORA (11/SEP/2014).- Habitantes del Río Sonora, líderes sociales, así como representantes de los Organismos No Gubermentales ( ONG's) fueron impedidos por alcaldes y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de entrar a la reunión donde fue citado el director de Grupo México (GM) para tratar temas relacionados con las afectaciones por la contaminación de la cuenca. Por ahora, sólo los atienden funcionarios de rango menor.

Un grupo de activistas inconformes por el cierre del encuentro portaba una manta con la leyenda "Río para la vida, no para la muerte". Otra más rezaba: "Germán Larrea te invitamos a que visites los pueblos del Río Sonora, para que veas el daño que has causado a esta tierra que tanto te ha dado".

Los alcaldes de los siete municipios afectados por el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, habían citado a Javier García de Quevedo, Presidente de Minera México, Subsidiaria de Grupo México, para trabajar programas conjuntos en apoyo a los pobladores y no acudió.

Asistieron los alcaldes Pedro Armando Lugo López, de Aconchi; José Manuel Valenzuela Salcido, de Ures; Vidal Guadalupe Vázquez, de Arizpe; María Delfina López Quijada, de Huépac; Jesús Lauro Escalante, de Banámichi; José Eleazar de la Torre Curiel, de San Felipe de Jesús, y Francisco Javier Durán Villa, de Baviácora.

El alcalde Pedro Armando Lugo López, de Aconchi, abandonó la reunión porque no dejaron entrar a los afectados y representantes de los medios de comunicación. Este munícipe tampoco aceptó los 500 mil pesos que Grupo México ofreció inicialmente a los ayuntamientos como parte de la remediación del daño provocado, bajo el argumento de que "no queremos limosnas, queremos soluciones".

La reunión a la cual el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez, anunció como pública e invitó a funcionarios, pobladores del Río Sonora y sonorenses en general, se llevó a cabo a puertas cerradas por espacio de dos horas.

Por parte de Grupo México, asistieron Joaquín Rojo de la Vega, Director de Proyectos Especiales, Horacio Sánchez Unzueta, asesor legal de Grupo México e Irma Potes, Subdirectora de Desarrollo Comunitario.

Al término de la reunión, el asesor legal de Grupo México dijo que el consorcio pagará hasta el último centavo de daños "verificables" y que en breve se ofrecerá una conferencia de prensa para ofrecer pormenores de las acciones que está llevando a cabo en el resarcimiento de daños.

Impiden acceso a productores

Jorge Alberto Gastélum, productor de maguey, pastura y pequeño ganadero, se trasladó de Ures, uno de los municipios afectados por la contaminación de Río Sonora, buscaba entrar a la reunión para saber que puede esperar de Grupo México para recuperarse de pérdida de su patrimonio.

Dijo que Grupo México ha estado pidiendo a los afectados su credencial de elector y firmas en hojas en blanco. "Exigimos que pague todo el daño que ha hecho a los habitantes del Río Sonora", dijo.

En el mismo sentido, el hotelero Carlos Rivera, elevó la voz, ya que el sector turístico también es uno de los grandes afectados.

Negociaciones en lo "oscurito": ONG's

Los líderes sociales indignados por la falta de apertura aseguraron que se trata de negociaciones en lo "oscurito", al tiempo que calificaron esta reunión como una "farsa más".

"Nos encargaremos de decirle a los habitantes del Río Sonora que sus presidentes municipales le entraron a la negociación en lo oscurito", sentenció Daniel Corbera, líder social de Hermosillo.

Antonio Navarrete, Encargado de la Comisión de Difusión del Sindicato Minero, informó que "esta reunión de alcaldes y de la CEDH, con funcionarios de bajo rango por parte de Grupo México, es sólo una simulación, ya que aún no se ha actuado en contra de la empresa por parte del gobierno, a pesar de que los habitantes del Río Sonora viven en el caos y la desesperación por la falta de alimentos, agua y empleos.

Recordó que el 30 de julio del 2007, la Sección 65 de Cananea, presentó por escrito ante la Secretaría del Trabajo, un pliego de violaciones al contrato colectivo que dio pie a la huelga, aún sostenida, "donde advertimos las condiciones de inseguridad que prevalecían en la Mina Mexicana de Cananea, las cuales debían corregirse"; igual lo hicimos ante la Conagua, Semarnat, Profepa, Conafor, Congreso y Gobierno del Estado, que tampoco respondieron, por eso todos son culpables, dijo el minero de la Sección 65.