Impera opacidad en financiamiento de Casitas del Sur, advierten

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis meses de que iniciaran las investigaciones por la presunta retención y desaparición de siete menores del albergues Casitas del Sur, en Tlalpan, sún no se esclarece el origen de los recursos con que operaban ese lugar.  

Lo anterior, pese al llamado de la sociedad, actores políticos y las víctimas para que se aclare la identidad de quienes financiaban estos albergues, ante la sospecha de que su operación estaría vinculada con una red delincuencial bien organizada.  

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF) informó desde un primer momento que se investigaría a quienes financiaban Casitas del Sur, ante las irregularidades manifiestas que motivaron los cateos judiciales en esos inmuebles y el aseguramiento de 126 menores bajo su custodia.  

Una investigación efectuada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ( CDHDF) confirma que el albergue Casitas del Sur es operado por la congregación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), que controla otras casas-hogar como La Casita de Cancún o CAIFAC en Monterrey, todas ellas bajo investigación.  

Dicha agrupación está constituida ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, con el registro SGAR/2434/2000, y como representantes figuran Sixto García Castañeda, Antonio Domingo Paniagua Escandón y Alberto Burgos Licona.  

Según datos en páginas de Internet relacionadas con esa Iglesia, para la operación de los albergues se solicitaban donativos a la sociedad en general, los cuales podrían ser depósitos en números de cuenta de sucursales bancarias nacionales y de Estados Unidos.  

No obstante, la CDHDF precisa sobre las páginas de Internet consultadas la imposibilidad de identificar a los responsables: "los servidores de estas páginas pertenecen a empresas estadunidenses, por lo cual no existe información de sus creadores".   

La investigación del organismo capitalino, refiere las protestas contra los cateos en Casitas del Sur que se han hecho a nivel nacional e internacional, y de los que se tienen fotos y videos en las páginas afines a la Iglesia.  

El asambleísta Agustín Castilla, quien durante seis meses ha documentado el caso tras la desaparición de la niña Ilse Michel, señaló que hay muchos aspectos que las autoridades no han aclarado y uno de los principales es el financiamiento de Casitas del Sur. Sigue Impera "opacidad" en... dos... Sur

"No está nada claro el origen de los recursos para el mantenimiento de estos albergues, tomando en cuenta además que no sólo se trata de los del Distrito Federal sino también de otros en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, pues se ha señalado de albergues en Guatemala y en Tailandia", indicó.  

Si bien se sabe que la Iglesia Cristiana Restaurada pedía donativos a los padres de los niños albergados para funcionar y recibía apoyos gubernamentales, Castilla Marroquín destacó que estas cantidades no son suficientes para su sostenimiento.   

"Tampoco existe ninguna información a la fecha en lo que respecta a las demás actividades que podría realizar esta organización o iglesia, cuáles son sus fines reales detrás de ellos; en fin siguen vigentes las mismas preguntas que nos hacíamos hace aproximadamente seis meses que tuvimos conocimiento del caso", dijo.   

No obstante, el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ( ALDF) recordó que tras los operativos en Casitas del Sur y tal como ocurrió en Cancún, la agrupación religiosa ha tenido capacidad de llevar a cabo más de 40 movilizaciones en México y otros países de América y Europa.  

"Todo esto nos lleva a pensar que esta organización tiene y cuenta con una red de protección económica y no sabemos si incluso política, porque no es creíble que a pesar de los elementos aportados, las denuncias presentadas, y los testimonios, no se haga absolutamente nada", aseveró.  

El diputado local del Partido Acción Nacional ( PAN) advirtió que en el mejor de los casos, estos "poderes económicos" detrás del financiamiento del albergue han "influido" en una investigación "lenta y negligente" del caso.  

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri, fue más allá y advirtió que la "terrible opacidad" que existe en torno a Casitas del Sur pudiera ser la "cortina" de actos ilícitos graves como el "lavado" de dinero.  

"Se tiene que abrir una línea de investigación específica en este caso para que se transparente quién los financia", insistió.  

El activista recordó que "cualquier particular tiene derecho a otorgar apoyos a una institución, pero ante las sospechas que existen es importante que la autoridad descarte cualquier otra función que pudieran tener estos albergues".  

En este contexto, consideró prioritario que la autoridad federal atraiga, al menos en lo que compete a su ámbito de facultades, la investigación por la desaparición de menores no sólo Casitas del Sur, si no en los demás albergues bajo control de esa agrupación.  

Sauri advirtió que esto permitiría que fuera la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria ( SAT), la que pudiera aclarar quiénes han dado los donativos, al menos de los que hubiera registro fiscal tanto nacional como internacional.  Sigue Impera "opacidad" en... tres y última... internacional

"El SAT debe tener un registro del número de donativos otorgados ya sea a las Iglesias, a las figuras jurídicas involucradas y a las asociaciones civiles como Casitas del Sur, CAIFAC, entre otras" dijo.  

No obstante, advirtió que para que esto suceda es necesario que las autoridades locales y federales dejen de actuar de una forma "chata", desapegándose de su presunta intención de no profundizar en la indagatoria y que lleguen hasta las "últimas consecuencias".  

"El tema del financiamiento es uno de los fundamentales porque eso nos permitirá ver mas allá de la mera representatividad legal de estos albergues, que es hasta donde han querido llegar con la investigación", agregó.