La secretaria de la comisión especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos durante el proceso electoral 2009 informó que de acuerdo con la Fepade, el Distrito Federal es la entidad federativa que presenta mayor número de esos casos. Agregó que actualmente la Fepade consigna 50 expedientes por mes, a través de denuncias que ha presentado el propio Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con la expedición de credenciales ilícitas en el Distrito Federal. En entrevista, la legisladora del PAN comentó que la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez, les informó que en 2007 se recibieron 647 denuncias por la expedición de credenciales con datos falsos y en 2008 fueron 228. Precisó que de ese total, la Fepade ha resuelto 202 averiguaciones previas, mantiene abiertas 124 y ha ejercido acción penal en 120 casos. Agregó que de acuerdo con la fiscalía, de 2004 a 2009 el delito electoral que más se denunció fue el de la alteración del Registro Federal de Electores, seguido de la expedición de credenciales del IFE con datos falsos. Al respecto, consideró que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados debe tomar muy en serio las anomalías que se han presentado en el Distrito Federal, pues no se trata de que se utilice una máquina falsificadora de credenciales, sino que se juega con los datos de las personas. Esto es, explicó, que una persona se registra en diversas partes y el día de la elección irá a votar a un lugar y luego a otro, lo que resulta sumamente grave porque puede inclinar la balanza hacia algún partido con una tendencia obviamente falsa. Por ello, consideró que es necesario que la comisión legislativa de la que es secretaria se reúna con los altos mandos del IFE para exigirles que tengan mayor cuidado en este tipo de casos, y conocer si hay una estrategia para evitarlos, o si no que la establezcan. Más adelante, mencionó que de acuerdo con la Fepade, el delito electoral que tiene la mayor punibilidad es el cometido por los servidores públicos que destinen de manera ilegal fondos, bienes o servicios a su disposición, pues alcanza una multa de 200 a 400 días y prisión de uno a nueve años. A través del programa de denuncia telefónica (Fedetel) la fiscalía recibió en enero y febrero pasados 269 llamadas, de las que 229 fueron para de orientación y las otras 40 se enviaron a la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, puntualizó.
