Hoy no se legisla; mañana sí

Es inútil añadir calificativos a la actuación que ha tenido la Cámara de Diputados en los últimos días. Ante los medios, los legisladores seguirán construyendo argumentos para justificar las decisiones que no tomaron y seguirán combatiendo las críticas que merecen. Lo cierto es que estamos atrapados por su incapacidad para procesar la política. Para decirlo con brevedad: la Cámara de Diputados se ha convertido en amplificador de las diferencias, los desacuerdos y las rupturas de México, en sus peores formatos.

Supongo que muchos de ellos y ellas asumen que para eso les pagan. Que su responsabilidad es oponerse a los cambios que no coinciden con los intereses que dicen representar y que celebran cuando consiguen reventar otra iniciativa. Es posible que lo vivan como un acto de valentía y se feliciten por las agallas de haber impedido leyes o acuerdos que no les gustan. Y seguramente tienen el respaldo de algún público más o menos cautivo que les anima a porfiar en esa conducta. Tanto, que en sus informes finales —si los hubiera— no contarán con orgullo cuántas iniciativas de cambio lograron, sino cuántas frenaron.

No digo que para salvarse del juicio crítico deban aprobar cualquier iniciativa. Ni creo que la Cámara de Diputados deba volver a las épocas clásicas del régimen anterior, cuando los legisladores apenas se enteraban de las leyes que iban votando por órdenes del Ejecutivo o que salían, eventualmente, de sus superiores políticos. Nadie sensato querría volver a esa etapa del México autoritario. Pero lo que vivimos ahora es el extremo contrario: un exceso de prepotencia que se ha impuesto con creces al de impotencia. Exactamente al revés de lo que ha sucedido con el Gobierno federal.

La propaganda legislativa que va sumando iniciativas votadas y leyes promulgadas para salvar la cara da grima. No es que esas leyes que lograron pasar no sean relevantes, ni mucho menos. A pesar de todo, dan cuenta del dinamismo que ha cobrado el Poder Legislativo de México y algunas normas recientes han sido dignas de celebrarse —como las reformas constitucionales en derechos humanos—. No estamos ante la parálisis legislativa de plano, ni puede afirmarse sin más que sería mejor cerrar esa Cámara para que país pudiera moverse.

Sin embargo, salta a la vista que no contamos con una agenda de consolidación democrática y que los cambios institucionales más importantes están ocurriendo a cuentagotas y por traspiés- Los puntos más relevantes se están quedando a la zaga: la reforma política se quedó atorada entre las diferencias entre partidos, cuando ya estábamos celebrando su aprobación; la integración del IFE está secuestrada desde hace meses, tanto como las reformas pendientes a la legislación electoral que facilitaría la organización de los comicios siguientes, y la reforma legal en materia de transparencia y acceso a la información se ha convertido —en flagrante contradicción con sus objetivos— en un hito de oscuridad en las negociaciones destinadas a bloquear sus avances.

Desde un mirador diferente, esta lista podría ser más larga y podría incluir, entre otras, la legislación laboral o la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo. Pero en éstas, los desacuerdos no atañen al capricho político imposible de revelar públicamente, ni se refieren a acuerdos ya tomados por los propios legisladores y sancionados por la Constitución, con plazos rotos desde hace meses o años. ¿O acaso ya se olvidó que el Legislativo votó una ley para procesar la reforma política del Estado desde el año 2007 que expiró, por ineficaz, un año después? ¿O que la integración del Consejo General del IFE es una obligación constitucional de los diputados, que debió cumplirse desde noviembre de 2010? ¿O que las reformas legislativas en materia de transparencia debieron votarse, por mandato constitucional emitido por la legislatura anterior, en 2008?

Podremos tener flaca memoria, pero no tanto. Esas leyes y esos acuerdos que la Cámara de Diputados ha enviado con tenacidad a la congeladora legislativa no son parte de una agenda reciente, ni gozan del beneficio de la deliberación válida en curso. Son compromisos constitucionales y legales plenamente asumidos, que simplemente se están pasando por alto, por malas razones. No hay argumento ni pretexto que pueda sostenerse para eludir esa responsabilidad pública. Pero, como ha dicho bien el filósofo Savater, la impunidad le está haciendo más daño a México que la inseguridad. Y peor todavía, cuando se origina entre quienes deben representar dignamente a al soberanía popular.