¡Hay gobernador en Chihuahua!

Si usted intuye que la medida de trasladar a los poderes de Chihuahua a Juárez es demagógica, probablemente tenga razón. Si le parece sospechoso que el gobernador Reyes Baeza regresara de entre los muertos con un anuncio tan estridente, quizá está usted en lo correcto. Por eso hay que preguntarle al mandatario ¿para qué quiere TRES mil millones de pesos, si abdicó hace meses la seguridad de su pueblo ante las fuerzas federales?

El diagnóstico y la solución están claros. Desgraciadamente las personas expertas en temas de seguridad con una visión integral y humanista son ignoradas por los gobiernos federal y estatal.

Alberto Islas evidenció que por Ciudad Juárez, a pesar de los miles de soldados, pasan 50 toneladas de cocaína y seis toneladas de heroína al año hacia Estados Unidos. La utilidad del crimen organizado es de cuatro mil 300 millones de dólares anuales, solamente por cruzar la mercancía a El Paso. Por eso el cártel de Sinaloa quiere apropiarse de esta ciudad fronteriza, porosa como la que más, donde el mercado y el volumen de las exportaciones no se han alterado, sólo las matanzas incrementan.

Islas habla de los programas de recuperación del espacio público que han demostrado eficacia en países con problemas de seguridad. El especialista plantea equipar la ciudad con circuito cerrado de televisión para monitorear las calles y para tener evidencia de flagrancia. Aumentar el número de reductores de velocidad (topes) y glorietas en la ciudad, para entorpecer la fuga de los delincuentes. Censar todas las bodegas y obtener nombres de las compañías y sus representante legales. Equipar a las patrullas con GPS y cámaras para vigilar dónde se encuentran y qué hacen. Aumentar las revisiones en aduanas al tráfico de norte a sur (la espera para internarse a México dura cuatro minutos). Construir un penal con un centro de justicia restaurativa y de rehabilitación.

En otro sitios se han aplicado exitosas campañas de compra de armas en la comunidad por parte del Ejército para desarmar a la población civil. Aumentar los horarios en las secundarias y preparatorias hasta las 4:30 de la tarde, con programas deportivos, de arte, de ética, cine y literatura. Crear programas educativos en radio y televisión coordinados por especialistas y gente joven que desarrolle alternativas propias para la construcción de la paz y la prevención del uso de drogas.

El municipio, dice Islas, debe contratar a jóvenes de entre 15 y 20 años que arreglen los parques en sus colonias, el salario debe competir contra los narcomenudistas que ofrecen hasta 100 dólares semanales a vigías. En Los Ángeles, California, hicieron acuerdos con las pandillas, les abrieron espacios públicos para el deporte y la convivencia; la violencia disminuyó significativamente. Si el ampuloso anuncio de traslado de poderes y solicitud de recursos extraordinarios no está acompañado de un programa concreto y socialmente consensuado, alimenta la sospecha de que es una movida electoral. Lo que el país pide, más allá de los discursos, es que se desarticule el poder de la economía criminal, se restablezca el Estado de derecho y se invierta en reconstruir el poder creativo de la sociedad. Porque sólo en un ambiente de paz social, donde se valora la vida, se pueden implementar programas de educación ética para erradicar la corrupción individual y asumir sus consecuencias colectivas.